Naturgy ha rebajado casi un 30%, 24.595 millones de euros, sus compromisos de compra de gas para los próximos años. Según los datos facilitados por el auditor, EY, la compañía ha reducido su cartera de compra de gas desde los 83.630 millones de euros registrados en 2018 hasta los 59.045 millones con los que han terminado el ejercicio 2019.
A su vez, sigue reduciendo plantilla de forma considerable pues ha rebajado sus gastos de personal desde los 1.010 millones de euros en 2018 a los 924 millones de euros del ejercicio pasado por una reducción de plantilla de 1.807 personas.
La reducción se produce en plena caída de precios del gas y en un giro estratégico que la compañía quiere dar para centrarse mucho más en el negocio de las renovables en los próximos años. La empresa ha decidido ejecutar las flexibilidades contractuales que tenía a la baja ante el escenario de transición energética y no ha extendido ningún contrato, con lo que consume también el valor correspondiente al año 2019.
EY además asegura en su informe que en las cuentas cerradas a diciembre de 2019 hay 1.618 millones de euros pendientes de cobro correspondientes a ventas de energía, que han sido suministradas pero se encuentran pendientes de facturar como consecuencia de la no coincidencia del período habitual de lectura de contadores con el cierre de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio, lo que ha obligado a aplicar criterios, juicios e hipótesis para determinar estas ventas no facturadas son el consumo diario derivado de los perfiles históricos de los clientes.
La compañía explica también en su informe anual que ha cambiado también el sistema de amortización de sus participaciones en centrales nucleares. Hasta el año pasado, amortizaba a 40 años las centrales, pero desde este ejercicio gracias al acuerdo alcanzado entre las empresas amplía el plazo de amortización a los 44-47 años, lo que le suponen 13 millones menos de amortización este año. Asimismo, la empresa incluye por primera vez la amortización de instalaciones fotovoltaicas a un plazo de 25 años.
(Con información de El Economista)
—
