El pasado 30 de octubre, el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley 312 de 2025, con el que se busca adoptar un nuevo régimen sancionatorio aduanero.
Lo anterior, dando cumplimiento a la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad del régimen actual y fijó como plazo máximo el 20 de junio de 2026 para expedir una nueva normativa.
Su discusión ha generado interés en el sector empresarial, gremial y académico, dada la relevancia de los cambios propuestos en materia de sanciones, procedimientos y garantías para los operadores de comercio exterior.
De acuerdo con un informe de KPMG, la normativa sancionatoria aduanera en Colombia ha estado regida principalmente por la Ley 1609 de 2013 y el Decreto 1165 de 2019, que establecen el catálogo de infracciones, procedimientos administrativos y criterios de graduación de sanciones.
Según un informe de KPMG, la normativa actual en materia ha «contribuido a la formalización y control del comercio exterior», pero también ha generado «escenarios de inseguridad jurídica por la ambigüedad en la interpretación de algunas conductas y la severidad de las sanciones impuestas por la DIAN”.
Reparos al proyecto de estatuto aduanero
Por otro lado, la consultora indicó que el nuevo régimen se pretende instaurar «muestra ambigüedad en la definición de infracciones pues mantiene zonas grises en la tipificación de conductas sancionables, “lo que podría perpetuar la inseguridad jurídica y la discrecionalidad de la DIAN”, dice KPMG.
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Asimismo, plantea que se amplían las facultades del ente controlador de aduanas para imponer sanciones de mayor cuantía y alcance, “sin que se fortalezcan de manera proporcional los mecanismos de defensa y revisión, lo cual podría vulnerar el principio de proporcionalidad y el debido proceso”.
En días pasados, Juan Diego Cano, director de asuntos Legales de Analdex, había manifestado que la nueva discusión legislativa no iniciaba sobre un vacío, pues la DIAN había publicado previamente un borrador de proyecto que fue objeto de un intenso escrutinio por parte del sector privado y la academia, generando cerca de 700 comentarios. “Dicho volumen de observaciones demostró la alta preocupación que el texto suscitaba entre los usuarios de comercio exterior”.
No obstante, ese proceso de socialización inicial, “el texto definitivo radicado en el Congreso no fue concertado o socializado en su versión final con el sector privado. Por lo tanto, será en las instancias del legislativo donde se deberán surtir los debates públicos”, dijo.
El debate entre la buena fe y la responsabilidad objetiva
El primer gran cambio que se observa en el proyecto de ley radicado para la modificación del estatuto aduanero es un ajuste en sus principios rectores.
Como expuso Analdex, aparentemente se eliminó el controversial ‘principio de máxima diligencia’ que contenían los borradores previos, para dar paso a la inclusión de un principio de buena fe.
“Este nuevo principio establece que en las actuaciones sancionatorias las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros. Sin embargo, a pesar de la buena intención de esta adición, su aplicación práctica parece ser inocua”, destacó el gremio.
Al respecto, para la consultora, “en los últimos años, la tendencia internacional y local ha sido migrar hacia sistemas de gestión de riesgos, con un enfoque preventivo y proporcional en la aplicación de sanciones. Sin embargo, la normativa colombiana aún presenta rezagos en la garantía del debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de los operadores”.
De otro lado, el proyecto de ley profundiza el castigo al error formal. El gremio hace énfasis en que se materializa la discusión histórica de castigar los errores en las descripciones, incluso cuando estos no afectan la naturaleza de la mercancía, ni los tributos pagados.
“Esta nueva visión se implementa en dos pasos: primero, eliminando una garantía procesal que permitía la corrección; y segundo, reemplazándola con una sanción automática y de alto costo”, relató Cano.
Lo bueno del proyecto
Pese a lo anterior, el análisis de KPMG destacó que el proyecto también cuenta con algunas cosas positivas.
Una de ellas, por ejemplo, es que se propone la adopción de tecnologías de inteligencia artificial y big data para la identificación de operaciones sospechosas, alineándose con estándares internacionales y recomendaciones de la OMA (Organización Mundial de Aduanas).
Sumado a esto, se exige la interoperabilidad de sistemas y la digitalización de procesos, “lo que facilitará el control y la transparencia en las operaciones aduaneras”; y se contempla la creación de mesas técnicas y espacios de diálogo con gremios y operadores, “lo que puede contribuir a la construcción de una normativa más consensuada y ajustada a la realidad del comercio exterior”.
