Ocho partidos políticos —Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASI— expresaron su rechazo frente al anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular a través de un decreto, pese a que esta propuesta fue negada por el Senado de la República.
“Instamos a las instituciones competentes-la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los organismos electorales para que actúen con independencia bajo el principio de legalidad, de conformidad con la Constitución”, señala el comunicado.
Además, los partidos calificaron la intención del Ejecutivo como una amenaza directa al Estado de Derecho. “El presidente Gustavo Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar su consulta popular que ya fue rechazada por el Senado de la República.
Decreto para la consulta popular
El presidente Petro ha manifestado públicamente que firmará un decreto para convocar la consulta, a pesar de que el Congreso. Para los partidos firmantes, esto representa “una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho. El Congreso de la República, como pilar de nuestra democracia, ejerció su función constitucional al no aprobar dicha consulta, y esta decisión debe ser respetada”.
Los partidos recordaron que la Sección Quinta del Consejo de Estado ya se pronunció sobre este tema al rechazar una demanda que buscaba revivir la consulta.
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Por ello, ante la decisión de Petro de expedir un decreto para convocar la consulta, los partidos hicieron un llamado a los organismos de control y a las altas cortes: “Instamos a las instituciones competentes —la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los organismos electorales— para que actúen con independencia bajo el principio de legalidad, de conformidad con la Constitución”.
También se refirieron al papel que debe jugar el Registrador Nacional del Estado Civil. “Confiamos en que el señor Registrador Nacional, en ejercicio de su autonomía e independencia funcional, actuará con pleno respeto por el orden constitucional y democrático, valorando cuidadosamente la legalidad y legitimidad de dicho acto antes de disponer la fijación de cualquier calendario electoral”.
De igual manera, los partidos advirtieron sobre el impacto institucional de esta posible decisión del Gobierno. “Manifestamos nuestra profunda preocupación por el grave daño institucional que este gobierno está causando. No podemos quedarnos callados, ni mucho menos permitir que se instrumentalicen las legítimas causas sociales para fines contrarios al orden constitucional”, advirtieron.
Finalmente, reiteraron su respaldo al Congreso y a la deliberación democrática como mecanismos legítimos para tramitar las reformas. “El Congreso ha demostrado que hay voluntad de debatir, a pesar de las presiones y ataques mediáticos, mediante las herramientas legítimas de la deliberación pública y de cara al país, dando las garantías a todas las voces y colores políticos para proponer y someter sus propuestas a la votación representativa que es el fundamento de nuestra democracia”.
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