La Cancillería declaró la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes en Colombia, luego de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió provisionalmente los instrumentos asociados al nuevo modelo de producción y entrega de estos documentos.
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La medida fue adoptada el 17 de septiembre de 2026 por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio y busca asegurar, sin interrupciones, el suministro, la personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, además de las etiquetas de visa colombiana.
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El anuncio tiene un efecto inmediato para los ciudadanos: el servicio de expedición de pasaportes continúa con normalidad, según informó la Cancillería. Las oficinas expedidoras y los consulados mantienen la atención, las citas que ya estaban programadas siguen vigentes y los usuarios no necesitan realizar un trámite adicional por esta decisión.
¿Por qué la Cancillería declaró la urgencia manifiesta por el tema pasaportes?
La decisión se produce después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara la suspensión provisional de los instrumentos relacionados con el nuevo modelo de pasaportes, dentro de una acción popular.
Según la Cancillería, el Tribunal adoptó esa medida mediante el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP del 2 de septiembre de 2026 y, al mismo tiempo, ordenó adoptar las medidas necesarias para garantizar que el servicio continúe de manera regular e ininterrumpida.
La decisión judicial también puso sobre la mesa aspectos relacionados con la planeación del modelo, el cumplimiento de los cronogramas y los soportes fiscales necesarios para comprometer vigencias futuras. Estos elementos deberán ser esclarecidos por las entidades involucradas mientras continúa la discusión sobre el esquema de expedición.
En ese escenario, la Cancillería recurrió a la figura de urgencia manifiesta, contemplada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, para adoptar las medidas contractuales que resulten indispensables cuando la continuidad de un servicio exige una actuación inmediata.
La decisión, por tanto, no significa que el Gobierno haya dado por terminado el nuevo modelo de pasaportes ni que se haya suspendido la atención al público. Su objetivo inmediato es crear un mecanismo transitorio que permita mantener disponible el servicio mientras se define la salida jurídica y contractual frente al escenario generado por la decisión judicial.
¿Qué pasará con la producción de pasaportes?
Uno de los puntos centrales de la declaratoria es que la contratación que se desprenda de la urgencia manifiesta tendrá un carácter estrictamente transitorio. La Cancillería precisó que los contratos estarán limitados a lo indispensable para garantizar la continuidad de la expedición de pasaportes y visas. Esto significa que la medida busca funcionar como un mecanismo de contingencia y no como una solución contractual permanente.
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De manera paralela, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya inició la estructuración de un nuevo proceso de licitación pública, con el propósito de atender la necesidad de manera permanente. La entidad señaló que este proceso tendrá un cronograma definido, responsables establecidos y seguimiento mensual.
El movimiento es relevante porque el servicio de pasaportes requiere continuidad en varias etapas: desde el suministro de las libretas hasta su personalización, custodia y distribución. Cualquier interrupción en alguno de estos puntos puede terminar afectando la capacidad de las oficinas y consulados para atender las solicitudes de los ciudadanos.
¿Hay riesgo de que se acaben los pasaportes?
La declaratoria de urgencia manifiesta se produce precisamente para evitar que la controversia alrededor del nuevo modelo termine afectando la prestación del servicio.
De acuerdo con las cifras entregadas previamente por el Gobierno, Colombia contaba con 410.000 pasaportes disponibles, mientras el consumo mensual se ubicaba alrededor de 150.000 documentos. Además, estaba previsto el ingreso de un lote adicional de 190.000 pasaportes.
Con esos niveles de inventario y consumo, el Gobierno había sostenido que no existía un riesgo inmediato de desabastecimiento. Sin embargo, la situación contractual generada por la suspensión judicial obligaba a adoptar medidas para garantizar que el suministro no se interrumpiera en los meses siguientes.
La nueva declaratoria responde precisamente a ese escenario: mantener la capacidad operativa mientras se define el mecanismo permanente para garantizar la producción y distribución de los documentos.
El proceso tendrá dos caminos paralelos. Por un lado, la Cancillería deberá implementar las medidas transitorias necesarias para mantener la expedición de pasaportes y visas. Por otro, avanzará con la licitación pública que deberá definir el mecanismo permanente para atender el servicio.
Además, la declaratoria no elimina los controles sobre los recursos públicos. La Cancillería informó que el acto administrativo que declara la urgencia manifiesta, los contratos que se celebren bajo esta figura y sus antecedentes serán enviados a la Contraloría General de la República para el correspondiente control fiscal.
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La decisión también deja abierta la discusión judicial sobre el nuevo modelo. Mientras el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mantiene la suspensión provisional de los instrumentos asociados a ese esquema, las entidades involucradas deberán atender los requerimientos relacionados con la planeación, ejecución y condiciones bajo las cuales se estaba implementando.
