Luego de que el presidente Gustavo Petro firmara por decreto la convocatoria a una consulta popular, pronunció un discurso en el que planteó la necesidad de avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente, lo que generó reacciones en distintos sectores políticos.

En ese contexto, Eduardo Montealegre, ministro designado de Justicia, declaró en entrevista con Blu Radio que el Gobierno sí tiene el propósito de promover una Asamblea Nacional Constituyente. Según explicó, esta tendría como objetivo rediseñar el marco constitucional vigente en Colombia desde la constitución del año 1991.

Montealegre señaló que, institucionalmente, en Colombia existen obstáculos que dificultan la implementación de transformaciones sociales. A su juicio, algunas estructuras establecidas por la Constitución del 91 han limitado el desarrollo del país en ciertos aspectos, por lo que considera necesario actualizarlas. “Hay instituciones en la Constitución del 91 que necesitan un rediseño”, afirmó.

El funcionario aclaró que esta propuesta no es una medida que se haya tomado a la ligera, sino que, al igual que la consulta popular, se enmarca en los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Carta Política. En ese sentido, destacó que el presidente Petro ha insistido en que una eventual constituyente debe surgir a partir de una iniciativa ciudadana.

¿Cómo sería la constituyente que plantea el Gobierno Petro?

Montealegre, quien también fue fiscal general de la Nación, sostuvo que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es legítima desde el punto de vista constitucional y constituye una forma directa de participación popular. Reiteró que dicha iniciativa no depende del Congreso, sino que puede originarse en la voluntad ciudadana, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos.

“El presidente dijo algo muy importante y es que se necesita convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero no cualquier constituyente. Habló de una de iniciativa popular, respaldada por la ciudadanía”, resaltó Montealegre.

Asimismo, enfatizó que esta discusión debe abordarse con seriedad y dentro del marco legal. “Este es un debate serio, constitucional y legítimo. He sido invitado por organizaciones sociales independientes del Gobierno; por tanto, esto no es ninguna ‘jugadita’”, puntualizó.

Montealegre también destacó que una iniciativa ciudadana respaldada por un número significativo de firmas no requiere necesariamente pasar por el Congreso. “Cuando existen ocho millones de firmas que respaldan un proyecto normativo, ese proyecto no necesita pasar por el Congreso”.

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