El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, ha encendido la polémica tras afirmar que, por denunciar presuntas irregularidades en la contratación del proyecto Accesos Norte de Bogotá, lo han acusado “de cuantas cosas se les ha ocurrido”.
El funcionario insistió en que su gestión busca combatir “los negocios ilegales que algunos hacen bajo el manto del interés general y en desmedro de lo público”.
En su cuenta de X, Idárraga dejó claro su propósito de poner en evidencia —y someter a evaluación ante las autoridades competentes— ciertas irregularidades que, en su criterio, podrían configurar actos de corrupción.
Cuestionó que los actores implicados no facilitan llegar a acuerdos técnicos y legales para resolver el habitual trancón entre Bogotá y Chía, sin violar normas constitucionales, leyes ambientales o los derechos del territorio.
En ese contexto, propuso una hoja de ruta con cuatro elementos de solución para dirimir la disputa en torno al Acceso Norte de Bogotá, el primero, que los predios del municipio de Chía sean restituidos a este municipio.
En segundo lugar, que la vía se desarrolle sin afectar el medio ambiente, particularmente sin intervenir el canal Proleche.
Idárraga propone que la controversia contractual entre la ANI y la Alcaldía de Chía se resuelva bajo unos criterios equitativos: Chía no tendría que pagar por inversiones que ya serían compensadas por extensión del plazo concesional: “Que se implemente una tarifa diferencial para los habitantes de Chía (más barata que la de otros usuarios), sin generar sobrecostos para el resto; y que los 13 bienes inmuebles cedidos al inicio regresen al patrimonio del municipio, no al Invías, al cierre del contrato”, escribió el funcionario.
Y, por último, afirma que se deben revisar de forma integral los avalúos y tarifas prediales del municipio para que reflejen la realidad del territorio y no posibles beneficiamientos particulares.
Idárraga aseguró que su Secretaría está dispuesta a interlocutar con todos los actores institucionales y privados: “Sentémonos a solucionar de una vez por todas el trancón de Chía y prevenir así que continúen posibles hechos que van en contra de la ley”.
La reacción del presidente Gustavo Petro no demoró: a través de redes anunció que “evaluará en profundidad esta posible irregularidad en la concesión del Norte de la Sabana”.
El proyecto Accesos Norte Fase II, conocido como Accesos Norte 2, es una de las iniciativas viales más importantes que se adelantan en la capital y su área de influencia. Se trata de una concesión 5G que busca transformar el ingreso y salida por el norte de Bogotá, mejorando la movilidad hacia municipios de la Sabana y el corredor central del país. En total contempla la intervención de casi 18 kilómetros de vía, con una inversión que supera los $1,7 billones.
Su alcance incluye la ampliación de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245, pasando de tres carriles por calzada a cinco o seis, de los cuales uno será exclusivo para transporte masivo tipo TransMilenio. De manera paralela, se construirá una doble calzada en la Carrera Séptima entre las calles 201 y 245, además de la Perimetral de Sopó, una vía clave que conectará este municipio con la autopista para descongestionar el tránsito. El proyecto también prevé la adecuación de intersecciones, andenes, ciclorrutas y más de 11 kilómetros de espacio público, incorporando criterios de movilidad sostenible.
Uno de los aspectos centrales es la infraestructura hidráulica. En esta zona se registran históricas inundaciones que afectan tanto a residentes como a usuarios de la vía. Por ello, las obras contemplan ajustes de rasantes, ampliación de box culverts y mejoras en el drenaje, con el fin de articular los humedales y proteger el entorno ambiental. Precisamente, este último punto es uno de los más sensibles, pues la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aún evalúa la información técnica para otorgar la licencia definitiva, proceso que retrasó el inicio de la fase constructiva hasta, al menos, 2026.
