El presidente Gustavo Petro insistió en su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y anunció que en las próximas elecciones se entregará una papeleta con ese propósito.
“Espero la decisión de millones de colombianos para que el próximo gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir un Estado social de derecho, con justicia social, democracia profunda y paz”, afirmó.
Según el mandatario, la convocatoria ya ha sido planteada desde la Presidencia, y considera que es urgente impulsar una transformación estructural del país a través de la participación popular.
“El constituyente ha sido ya convocado. Creo que es necesaria esa convocatoria. La participación del pueblo para cambiar a Colombia es indispensable”, señaló.
Y agregó: “Sin pueblo no hay justicia social. No llenamos las plazas de odio, las llenamos una y otra vez de esperanza. El pueblo ha despertado, ha visto en directo quiénes están con él, quiénes lo golpean y lo silencian. Ese saber popular debe expresarse donde el pueblo es rey: en las urnas”.
Finalmente, anunció que este sábado celebrará “esta gran victoria” —en referencia a la aprobación de la reforma laboral— junto al pueblo trabajador de Antioquia.
Petro deja atrás la consulta popular
Por otro lado, Petro anunció que derogará el decreto donde convocaba a una consulta popular, tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso.
Desde hace semanas, el mandatario había planteado que la consulta podría cancelarse si el Legislativo acogía los puntos centrales de su iniciativa, lo cual finalmente ocurrió.
“Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria. El poder constituido, que hace las leyes, le obedeció al poder soberano, que es el pueblo”, afirmó el jefe de Estado.
Y es que dicho decreto no tenía una vía clara, estaba en un ambiente de incertidumbre jurídica. Actualmente, el texto se está siendo revisado por el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Aún no hay claridad sobre si superará el control de legalidad, especialmente tras el fallo del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente su aplicación.
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