El presidente Gustavo Petro sancionó la polémica Ley de Encuestas, una norma que modifica de forma sustancial la forma en que se podrán realizar y publicar sondeos de intención de voto en Colombia.
Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde escribió: “Ha sido sancionada la Ley de Encuestas que regula a las encuestas, su publicación, y fortalece la vigilancia del @CNE_COLOMBIA”.
La sanción presidencial llega tras semanas de controversia por la aprobación exprés de esta norma en el Congreso, que ahora entra en vigor con cambios para los procesos electorales y que tendrá un impacto sobre las elecciones presidenciales de 2026.
Mientras que desde el Gobierno y algunos sectores del Legislativo defienden que la ley busca fortalecer la transparencia y el control sobre las encuestas políticas, otros actores, como firmas encuestadoras y analistas, advierten sobre posibles restricciones al derecho a la información y al debate público.
¿Qué dice la nueva ley?
Entre los puntos centrales de la ley sancionada se encuentra la prohibición de publicar encuestas de intención de voto en los tres meses previos al inicio del período de inscripción de candidaturas. En la práctica, para las elecciones del próximo año, esto impide que se divulguen sondeos de aquí a finales de octubre. Solo a partir de ese momento se podrán conocer nuevamente los resultados.
Además, se establece que las encuestas deberán tener un margen de error inferior al 3 %, una cobertura geográfica mínima que incluya municipios con más de 800.000 habitantes y la obligación de remitir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la información relativa a las bases de datos utilizadas en las encuestas.
También se prohíbe que las firmas encuestadoras financien campañas políticas, y se crea una Comisión Técnica independiente, encargada de vigilar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
Según el texto aprobado, las encuestas no probabilísticas, como las que se realizan a través de redes sociales o formularios en línea sin diseño muestral riguroso, no podrán ser publicadas como estudios de opinión, y su difusión quedará sujeta a sanciones por parte del CNE.
Rechazo de la nueva Ley entre las encuestadoras
En días pasados, Martín Orozco, gerente general de Invamer, expresó en conversación con Valora Analitik su preocupación frente a lo que considera una iniciativa que se tramitó “a escondidas”.
Según la firma, la ley atenta contra la libertad de expresión, la propiedad intelectual, el derecho al trabajo, la libre competencia y el derecho ciudadano a informarse.
También advirtió que: “Potencian las fake news en redes sociales y discriminan a nuevas figuras políticas ya que solo se puede preguntar por personajes conocidos o con ‘favorabilidad manifiesta’”.
Por su parte, Víctor Muñoz, cofundador de la encuestadora Guarumo, señaló que esta norma limita severamente el seguimiento de la opinión pública en un momento crucial del proceso electoral.
Aseguró que: “Restringir la publicación de encuestas a solo tres meses antes de inscripciones es una medida sin precedentes y reduce la transparencia y calidad del debate democrático”.
Además, denunció que la norma fue aprobada de forma apresurada, sin audiencias públicas ni espacios de discusión con los actores técnicos del sector: “Esto se refleja en vacíos operativos de la norma. Si se revisa las actas y los tiempos del Congreso de la República se podrá observar que el tercer y cuarto debate se hicieron corriendo en el cierre de la legislatura. Sin la debida publicidad de este”.
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¿Qué busca esta regulación?
La ley se presenta como una respuesta a lo que algunos sectores políticos han llamado la “campaña permanente”, en la que las encuestas se convierten en instrumentos de presión mediática y en mecanismos para posicionar precandidatos incluso antes de que se inicien oficialmente los procesos electorales.
Durante el debate en el Congreso, las senadoras Paloma Valencia (Centro Democrático), Angélica Lozano (Alianza Verde) e Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico) defendieron el proyecto argumentando que la ciudadanía ha sido sometida a una “dictadura de las encuestas” que termina influyendo en el voto antes de tiempo y que muchas veces carece de rigor metodológico.
“Queremos devolverle a la ciudadanía la tranquilidad de informarse cuando sea el momento, y no estar seis meses sometidos a una guerra de cifras sin transparencia”, dijo en su momento la senadora Lozano.
¿Qué implica para medios, encuestadoras y ciudadanos?
Con esta nueva legislación, las reglas de juego para los actores políticos y los medios de comunicación cambian. Desde ahora, las encuestas políticas deberán ser más rigurosas en términos técnicos, y su divulgación estará estrictamente limitada en el tiempo.
Por ejemplo, como el proceso de inscripción de candidaturas a la Presidencia de la República está previsto para comenzar el 31 de enero de 2026, la primera encuesta de intención de voto podría publicarse a partir del 31 de octubre de 2025, lo que significa que durante gran parte del año preelectoral no habrá mediciones oficiales disponibles para la ciudadanía.
Además, las encuestas que se divulguen deberán contar con aval metodológico, trazabilidad completa de los datos y permitir la revisión de sus resultados por parte del CNE. Las encuestas de carácter no probabilístico, como sondeos en redes sociales o formularios por internet sin muestreo aleatorio, también quedan expresamente prohibidas para fines electorales.
Con la sanción presidencial de esta ley, Colombia entra en una nueva etapa de regulación electoral en la que el uso de encuestas estará más vigilado, pero también más restringido.
Mientras el Gobierno y parte del Congreso la defienden como una herramienta para mejorar la transparencia y la calidad de la información que reciben los ciudadanos, otros sectores temen que abra la puerta a la censura, la manipulación desde el poder y la desinformación en redes.
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