Piden aplazar subasta del espectro para telefonía móvil e internet

- Publicidad - Asomóvil, agremiación que reúne a las empresas Claro, TigoUne y Movisar, le solicitó al Gobierno del presidente Santos dejar en manos del próximo mandatario la ejecución de la subasta de espectro de 700 MHz que busca mejorar la transmisión de datos de telefonía e internet. El Ministerio de Tecnologías de la Información […]

Asomóvil, agremiación que reúne a las empresas Claro, TigoUne y Movisar, le solicitó al Gobierno del presidente Santos dejar en manos del próximo mandatario la ejecución de la subasta de espectro de 700 MHz que busca mejorar la transmisión de datos de telefonía e internet.

El Ministerio de Tecnologías de la Información ya tiene un proyecto de resolución que establece los requisitos, y ha pedido a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un concepto sobre las condiciones que regirán la subasta.

En su concepto al Gobierno, fechado ayer, la SIC realizó observaciones de fondo

sobre la sustentación de valores, las omisiones en la metodología sobre obligaciones de cobertura y pide además revisar las fórmulas para establecer la cobertura.

En su concepto la Superintendencia “recomienda que se sopese igualmente el alcance de la política de cobertura. Desde la perspectiva de la libre competencia, tal evaluación procede en la medida que una excesiva carga de cobertura puede desincentivar a algunos operadores a subvalorar el espectro y con ello puede

disminuir la intensidad del proceso competitivo durante la subasta”.

La entidad le pidió, de manera reiterada y en varios aspectos, al Ministerio, no dejar ninguna duda en el proceso de convocatoria y términos de la subasta: “De cualquier forma, la exactitud y precisión en las reglas de juego para todos los participantes, es un elemento que fomenta la transparencia del proceso y sirve a los propósitos de que este se desarrolle de manera competitiva, ágil y

dinámica”.

Y enfatiza: “Esta Superintendencia presenta una observación general sobre el procedimiento en el sentido de efectuar una nueva revisión del mismo, con el fin de concederle la mayor claridad posible. Esto, comoquiera que, la claridad, exhaustividad y grado de detalle de las presentaciones que ha hecho el MinTic en varias reuniones con esta Superintendencia, no corresponde a lo farragoso de algunos párrafos del texto del proyecto, respecto de los cuales se requiere exponer dicho procedimiento con mucha más claridad y de manera esquemática”.

La SIC le insiste al Gobierno en la necesidad de “reducir riesgos, revisar, detallar, explicar y redactar de manera exhaustiva y clara” los requisitos de la subasta.

Asomóvil considera que en un proceso de tal magnitud y estando a menos de 27 días del inicio del nuevo Gobierno, no es oportuno definir de manera apresurada y sin claridad, las condiciones de la subasta, dejándole un hecho cumplido a la entrante administración, que, además, debe asumir las consecuencias.

Para el gremio “es evidente, que al país no le conviene que se adelante una subasta a marchas forzadas y sin claridad en temas centrales, más cuando la misma implica millonarios recursos y el futuro de la industria”.

El sector solicitó en enero un aplazamiento del proceso, mientras el Gobierno tomaba las medidas necesarias para reactivar la industria, tales como flexibilización para acceso a terminales 4G, regulador convergente, revisión de contraprestaciones, ampliación del plazo de uso del espectro, pero ninguna fue concretada, a pesar de haber sido aceptadas por el Ministerio, luego de estudios, mesas de trabajo, debates y reuniones.

Tampoco se ha tenido en cuenta la ampliación a 20 años del plazo máximo para el otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico. Esta es una condición indispensable para garantizar el éxito de la subasta, las inversiones requeridas y, por tanto, la prestación del servicio de telecomunicaciones, aspecto reconocido por el Gobierno Nacional, hasta el punto de ser incorporado en un proyecto de Ley que ameritó mensaje de urgencia y que finalmente fue retirado a solicitud del propio Gobierno.

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