La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una orden de detención contra el exsenador, Arturo Char, este 6 de septiembre, en relación con presuntas irregularidades relacionadas con actividades electorales.
Estas investigaciones se basan en los acontecimientos de octubre de 2017, en los que supuestamente participaron Arturo Char y Aída Merlano.
Cabe destacar que Aída Merlano ya fue condenada en primera y segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por delitos de corrupción electoral, y fue detenida en 2018 debido a su participación en la compra de votos y otros delitos electorales en las elecciones al Senado de Colombia.
Los implicados en la presunta compra de votos
Durante los interrogatorios de Aída Merlano, surgieron implicaciones que involucraban a Arturo Char y Álex Char, este último habría contribuido con $500 millones para la campaña de Merlano. La Corte Suprema de Justicia posteriormente inició una investigación exhaustiva y emitió una orden de aseguramiento, señalando que «Los hechos por los cuales Char Chaljub es investigado se relacionan con el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico».
En marzo, la excongresista Aída Merlano regresó a Colombia después de ser deportada por el Gobierno venezolano luego de reiteradas de solicitudes. En sus primeras declaraciones, al llegar al país, expresó su intención de colaborar con la justicia. Sin embargo, también señaló que fue perjudicada por un grupo político corrupto, mencionando a la familia Char.
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Orden de captura para Arturo Char
La Sala Especial de Instrucción, consideró que las pruebas recopiladas hasta el momento proporcionan el estándar mínimo, necesario para justificar adecuadamente la razonabilidad de la medida de aseguramiento contra Arturo Char. La orden de captura emitida contra el senador es de alcance internacional, con el objetivo de hacer cumplir la medida en contra de Char, una circular roja se ha enviado a la Secretaría General de la Interpol, debido a que el acusado actualmente reside en los Estados Unidos y posee la respectiva nacionalidad.
En cuanto a los implicados en el caso del exsenador Char, el documento también señala que este presunto acuerdo delictivo fue más allá de un simple pacto político, ya que se alega que se cometieron delitos contra los mecanismos de participación democrática mediante la compra de votos para los tres candidatos mencionados: Aída Merlano, Lilibeth Llinás (delegada de la Cámara) y la propia reelección de Arturo Char en el Senado.
La Corte Suprema de Justicia explica que su decisión parte del comportamiento del investigado, que plantea dudas sobre su disposición a comparecer al proceso, y también en los riesgos identificados en la práctica probatoria y en la actividad investigativa en curso.
