Ángela María Orozco, exministra de Transporte expresó su preocupación respecto a la propuesta de renegociar las vigencias futuras, “generaría una gran incertidumbre”, dijo.
Además, agregó en Caracol Radio que, “el mecanismo de alianza público privadas permitió construir grandes obras de infraestructura”.
Esta conversación se da luego que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reiteró la importancia de revisar los contratos relacionados con las vigencias futuras.
Durante su participación en el seminario de Perspectivas Económicas 2024, organizado por ANIF y Fedesarrollo, Bonilla explicó que el objetivo del Gobierno al impulsar esta medida es redirigir los recursos hacia metas específicas.
En sus palabras: «¿De dónde vamos a sacar la plata para los puntos críticos de las obras si la plata está concentrada en vigencias futuras y en otras obras que no se están entregando?”.
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Riesgos de renegociar las vigencias futuras
Orozco explicó que tener contratos a largo plazo, incluso de hasta 20 años, con una asignación presupuestaria extendida a lo largo de ese período, proporciona seguridad.
“Permite tener un contrato a 20 años donde con la apropiación presupuestal y vigencias futuras, que forman parte de los contratos generan certidumbre a los fondos internacionales y el sector financiero, para que les presten a los proyectos y permita la ejecución, se va pagando”, explicó la exministra.
Para Orozco este mecanismo ha demostrado ser efectivo en la construcción de carreteras en períodos de tiempo relativamente cortos, de 3 a 4 años.
Ahora bien, entrar a renegociar este mecanismo representaría “un riesgo sistémico en cuanto a afectación de la obra y el riesgo de multas y sanciones”, dijo la exjefa de cartera.
Orozco dice que los proyectos sí se entregan, pero que los ciclos de proyecto trascienden a otros gobiernos, “porque antes una vía no se terminaba en menos de 10 o 15 años, pero hoy afortunadamente bajo el esquema de APP tenemos un tercero que es un financiador, que entrega los recursos y permite construir la vía en tres o cuatro años, entre todos los actores del gobierno”.
La exministra resalta la importancia de acelerar las licencias ambientales y los rigurosos procesos técnicos que los contratistas deben cumplir.
