La radicación del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por un monto sin precedentes de $634,95 billones (equivalente al 29,9 % del PIB) marca un hito en la historia de la política macroeconómica de Colombia.
El proyecto de ley presentado por el nuevo Gobierno le apuntó a desmantelar los cálculos de la administración anterior y poner las cuentas sobre la mesa. Sin embargo, la dureza del diagnóstico dejó un sabor agridulce en los mercados: el documento no solo expone un desajuste histórico, sino que revela que el país transita por la cornisa de una crisis de sostenibilidad fiscal.
Un desequilibrio peor de lo previsto
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La primera gran conclusión que surge de la lectura de las más de mil páginas del proyecto y sus documentos adjuntos es que el panorama de las finanzas públicas de la Nación es sumamente grave. Tanto para el año en curso (2026) como para el próximo (2027), el desbalance entre los ingresos reales del Estado y sus gastos ineludibles se mantendrá en niveles preocupantes.
Se proyecta que el déficit fiscal de 2026 cierre en un 7,2 % del PIB —frente al 5,3 % optimista contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) anterior—, con la advertencia de que inercialmente habría alcanzado un 8,2 % sin medidas de choque.
Para 2027 el indicador se dispara a un histórico 9,4 % del PIB ($200,4 billones), multiplicando por más de dos veces el 4,5 % proyectado originalmente por el gobierno anterior en el MFMP.
Con una desviación fiscal calculada en 4,7 puntos porcentuales (pp) del PIB frente a la meta estructural para 2027, el retorno al cumplimiento paramétrico a partir de 2028 se torna una meta sumamente difícil de alcanzar.
El propio viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, reconoció abiertamente que «no ve factible que en el corto plazo volvamos a la regla fiscal tal y como está concebida hoy», una afirmación que valida la complejidad para equilibrar las cuentas públicas.
Como advirtió César Pabón, director de investigaciones de Corficolombiana: «La situación, el contexto, el punto de partida es incluso más pesimista de lo que pensamos. La magnitud del problema parece sorprendernos incluso más de lo que pensamos».
El costo político y contable de la transparencia
Para los analistas del mercado, el salto del presupuesto de los $575,7 billones propuestos originalmente a los nuevos $634,95 billones no refleja una expansión de gasto discrecional o de derroche, sino el cumplimiento de una exigencia histórica de los inversionistas: sincerar las cuentas.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella argumentó que se vio forzado a incorporar $36 billones en deudas y obligaciones ineludibles que el presupuesto anterior simplemente omitió o subestimó de manera antitécnica para simular un balance favorable.
Ante este abismo en las cuentas, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, fue contundente en que «el presupuesto anterior estaba desfinanciado porque tenía unos estimativos de ingresos que no eran realistas, tenía unos supuestos de ingresos que eran completamente mentirosos. Estamos haciendo un presupuesto realista, no un presupuesto lleno de mentiras y de faltantes».
En consonancia, Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores, sentenció con dureza: «El presupuesto de 2027 no subió de $575 billones a $635 billones. Los $575 billones nunca existieron, se inventaron los números año tras año y dejaron el equivalente a tres deudas con el FMI para pagar en 2027».
La trampa matemática: Un presupuesto desfinanciado
Aunque el proyecto se presenta formalmente equilibrado, con ingresos y gastos cuadrando en los mismos $634,95 billones, la realidad de las fuentes de financiación desnuda un presupuesto estructuralmente desfinanciado en términos de ingresos fiscales recurrentes.
De los ingresos de la Nación, apenas $299,07 billones corresponden a ingresos corrientes (recaudo tributario y no tributario). El resto debe cubrirse recurriendo a recursos de capital, donde las operaciones de endeudamiento (crédito interno y externo) ascienden a la apabullante cifra de $238,6 billones (el 37,6 % de todo el PGN).
Como advierte el análisis técnico de Acciones y Valores: «La deuda constituye una fuente presupuestal de recursos, pero no un ingreso fiscal recurrente. Por eso el PGN puede aparecer plenamente financiado y, simultáneamente, coexistir con un déficit fiscal elevado».
Al excluir con realismo los $30,2 billones de la reforma tributaria anterior que nunca se materializó, se elimina la ficción contable del papel, pero se deja al descubierto un vacío de financiamiento titánico.
Promesa de la austeridad
En medio de la asfixia, el Gobierno defiende que ha logrado contener el gasto público discrecional. Exceptuando las transferencias constitucionales e inflexibles (pensiones y salud), los rubros de adquisición de bienes y servicios operacionales sufrieron un recorte nominal del 13,8 % (cayendo a $17,88 billones), y la inversión se contrajo en un 2,8 % para situarse en $87 billones.
La gran apuesta para sanear las cuentas de mediano plazo se centrará en el trámite legislativo de un proyecto de ley de ajuste fiscal denominado la «Ley rescate» o ley de ajuste fiscal, programada para radicarse formalmente a finales de septiembre.
La promesa del Gobierno es lograr con esta ley una disminución adicional del gasto público de alrededor del 2 % del PIB (unos $40 billones), atacando directamente las rigideces presupuestales y las leyes de destinación específica.
Sin embargo, flexibilizar lo que hoy por ley está amarrado será una batalla cuesta arriba en el Capitolio. Mauricio Salazar-Saenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, lo explica con claridad: «Las inflexibilidades son legales y dado que son legales, pues hay que hacer un proyecto de ley para recortar lo que por ley no se puede recortar. Acá la discusión es que esos $40 billones van a ser factibles en la medida que el Congreso apruebe las medidas».
Por su parte, Alejandro Rojas Cano, economista de Banco de Bogotá, sugiere que el Ejecutivo podría usar el propio Plan Nacional de Desarrollo (PND) para desatar estos nudos: «Todas las inflexibilidades son gastos que se dan por ley y a veces esos gastos vienen adjudicados del presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo de cada gobierno. Miremos o revisemos los programas que dejó el anterior gobierno, algo se puede ajustar. Tal vez ese componente de ‘otras transferencias’ que ha crecido».
Un repunte alarmante de la deuda bajo sospecha
El verdadero agujero negro del presupuesto está en el costo de la deuda. El servicio total de la deuda para 2027 asciende a $155,4 billones, lo que implica que por cada peso destinado a inversión productiva ($87 billones), el Estado debe destinar $1,79 a pagar a sus acreedores.
El dato más alarmante se concentra en el pago exclusivo de intereses, que asciende a $94,4 billones (4,4 % del PIB), superando nominalmente a toda la inversión presupuestada para el país en $7,44 billones.
El ministro Gómez no ocultó su frustración ante esta realidad: «Lo que se está comiendo el presupuesto, lo está devorando por dentro, es el aumento del servicio de la deuda. Es altísimo, $150 billones para atender capital e intereses de la nación. Esto demuestra hasta qué punto el nivel de endeudamiento del país ya no le está permitiendo crecer».
Sin embargo, el Observatorio Fiscal ha sembrado serias dudas sobre la transparencia de estas métricas técnicas. Salazar encendió las alarmas al señalar una desconexión metodológica muy sospechosa en el cronograma fiscal de corto plazo: «Algo que llama mucho la atención del documento es que el pago de intereses en contabilidad fiscal sube para 2026, pero cuando miras la contabilidad presupuestal, no cambia el servicio de la deuda de 2026. Entonces esa parte de alguna manera pues causa algo de suspicacia».
