Una mini reforma pensional estaría siendo preparada por el Ministerio de Hacienda a través de un borrador de decreto que Valora Analitik conoció en primicia.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro propone modificar el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo, una herramienta diseñada para proteger a los pensionados que reciben su mesada mediante un seguro de renta vitalicia.
En términos simples, el cambio propuesto por el Ministerio consiste en modificar el parámetro técnico que determina cómo se calcula ese mecanismo de protección. Aunque se presenta como un ajuste técnico, en realidad implica una disminución de la cobertura.
Esto significa que el Estado dejaría de asumir completamente el riesgo de que el salario mínimo suba más que la suma de inflación y la productividad, y ese riesgo empezaría a compartirse con los pensionados.
¿Cómo se traduce esto en la práctica? El costo del seguro de renta vitalicia aumentaría, y los pensionados tendrían que pagar más para mantener la misma protección. En algunos casos, el monto de la pensión podría ser menor, o incluso algunos afiliados podrían quedar excluidos de la posibilidad de contratar este tipo de seguro, lo que representa un problema para todo el sistema pensional.
Y es aquí donde surgen las alertas: la reforma cambiaría la lógica del mecanismo, pasando de la productividad a la inflación como referencia y afectaría a trabajadores, pensionados y aseguradoras.
Los cambios que propondría el borrador de la mini reforma pensional
La propuesta propone cambios en tres frentes: lo técnico, la forma en que pagaría el Gobierno y quiénes podrían acceder.
En cuanto al primer punto, el proyecto de decreto cambiaría la fórmula con la que las aseguradoras proyectan el crecimiento futuro de las mesadas.
Actualmente, estas usan un parámetro de apenas 0,31 %, que proviene del promedio de crecimiento de la productividad laboral de los últimos 10 años. Es bajo porque la productividad en Colombia crece poco.
Al ser tan bajo, las aseguradoras no tendrían que proyectar aumentos significativos en las mesadas, por lo que necesitarían guardar menos dinero (las reservas).
Con el cambio hacia la inflación, las aseguradoras tendrían que proyectar aumentos más altos y, en consecuencia, constituir reservas mayores desde el inicio para poder asegurar la renta vitalicia del trabajador.
Para cubrir ese riesgo extra, las aseguradoras necesitarían más recursos desde el comienzo. Esa plata saldría del bolsillo del afiliado. Por eso la preocupación estaría en que las rentas vitalicias subirían de precio, las mesadas bajarían y el seguro previsional se volvería más costoso y difícil de contratar.
Cambios en el método de pago y un posible vacío fiscal
Otro ajuste estaría en la forma de pago: hoy el Estado entrega de una vez a la aseguradora el valor completo de la cobertura, lo que permite constituir la reserva total desde el inicio.
Con el nuevo esquema, el Gobierno pagaría por anualidades, solo lo necesario para cubrir las mesadas de cada año. Es decir, ese mismo valor se entregaría de manera fraccionada, mientras que el resto del dinero permanecería como una reserva administrada por el Ministerio de Hacienda, de la cual no se conoce suficiente información.
También cambiaría el reconocimiento de los llamados “intereses”, que corresponderían a los ajustes financieros por el tiempo entre el 1 de enero y la fecha en que el Gobierno pagaría la cobertura anual. Aunque se les llame intereses, en realidad serían un mecanismo técnico para garantizar el calce de reservas. Sin este ajuste, las aseguradoras asumirían un costo financiero mayor y aumentaría la presión sobre su liquidez.
Sobre los bastiones de dinero, la norma actual garantiza que la cobertura del deslizamiento esté respaldada por la Ley Anual de Presupuesto, como exige la Constitución. Pero el proyecto eliminaría esa referencia y solo se regiría por la autorización del Confis y los recursos del Marco de Gasto de Mediano Plazo, lo que abriría un posible vacío fiscal.
¿Cómo cambiaría el acceso?
El proyecto reduciría el límite de rentas que podrían inscribirse en el mecanismo: pasaría de tres salarios mínimos a dos salarios mínimos.
Aunque la cobertura estatal seguiría aplicando solo para rentas de un salario mínimo, este cambio alteraría las expectativas del mercado.
Hoy muchas rentas se comercializan bajo la expectativa de que, en algún momento, podrían contar con respaldo estatal. Con la nueva restricción, esas rentas dejarían de ser atractivas y las aseguradoras tendrían que asumir más riesgo sin apoyo del mecanismo, lo que implicaría mesadas iniciales más bajas y productos más costosos para los afiliados.
Fuentes del sector consultadas por este medio coinciden en que cambiar el factor técnico, tendría varios efectos encadenados: rentas vitalicias más costosas, menos pensionados cubiertos, pensiones más pequeñas, mayores riesgos para las aseguradoras y mayores costos futuros para el Gobierno Nacional.
En últimas —agregan— el ajuste elevaría el pasivo pensional, pues el Ministerio de Hacienda busca blindarse en el corto plazo ante un aumento significativo del salario mínimo (que se espera para 2026). El problema es que, con el nuevo esquema, las rentas vitalicias podrían desfinanciarse, trasladando el impacto a la Nación.
“El cuarto efecto es que van a aumentar la deuda con los pensionados. Las aseguradoras ya no podrán ofrecer pensiones mínimas al sistema pensional, porque las condiciones financieras dejarían de ser sostenibles. En ese escenario, Colpensiones tendría que asumir esa carga mediante endeudamiento, dado que los recursos no alcanzarían”, resumió una de las fuentes.
“Es una decisión política que no está siendo compensada”, concluye la fuente.
Valora Analitik consultó al Ministerio de Hacienda sobre los cambios que propone el borrador de decreto, pero no recibimos respuesta.
