La Procuraduría General de la Nación ha presentado un concepto en el que solicita poner fin a los viajes de la primera dama, Verónica Alcocer, argumentando que, al no ser considerada servidora pública, no debería recibir viáticos.
Este llamado se produce en el contexto de un proceso que está siendo evaluado por el magistrado Luis Manuel Lasso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual contempla la posibilidad de poner fin a los desplazamientos de Alcocer y su comitiva.
La Procuraduría insta al tribunal a respaldar la demanda, enfatizando que la primera dama no es una funcionaria pública y, por ende, no debería continuar realizando este tipo de desplazamientos.
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Verónica Alcocer y la Procuraduría
Los viajes de Alcocer han sido motivo de controversia, especialmente por los elevados costos que implican para el erario y por su participación en eventos que, según la demanda, deberían ser atendidos por el jefe de Estado o el canciller.
Este equipo incluye desde un maquillador personal hasta un fotógrafo profesional y la mejor amiga de Alcocer.
Estos colaboradores reciben honorarios mensuales que oscilan entre los $10 y $30 millones, encargándose de aspectos relacionados con la imagen, la agenda y la compañía de la figura central.
El Tribunal de Cundinamarca está actualmente analizando esta cuestión en respuesta a la demanda presentada.
La demanda argumenta que el canciller, Álvaro Leyva Durán, no tiene la facultad de designar a la primera dama como embajadora en misión especial para atender asuntos protocolarios.
La Procuraduría destaca que la tarea del Tribunal es dilucidar si el presidente de la República ha infringido el artículo 126 de la Constitución Política.
Sostiene que, al ser un servidor público, el presidente violó esta disposición al emitir un decreto en el que nombra a su esposa como embajadora en misión especial.
Además, el organismo de control enfatiza que Verónica Alcocer no ostenta la calidad de servidora pública, ni se le ha asignado tal condición, por lo que no debería ser beneficiaria de comisiones ni de viáticos regulados para los servidores públicos.
