Ante las preocupaciones por el nuevo modelo de recolección de basuras que se proyecta para Bogotá, la Procuraduría General de la Nación pidió información.
Los requerimientos los hizo a la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp) y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Lo anterior se dio tras advertencias de la CRA, según las cuales la Uaesp no acreditó las cláusulas relacionadas con las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), para la próxima concesión del servicio de recolección, barrido, limpieza y transporte de los residuos sólidos de los habitantes de Bogotá.
“Los actuales contratos suscritos para la prestación de este servicio están próximos a acabar; y al no tener certeza sobre el nuevo modelo podría presentarse una situación que afectaría a sectores urbanos y rurales de difícil acceso, así como a usuarios de bajos ingresos”, sostuvo la Procuraduría.
Ante la incertidumbre sobre el cronograma, las medidas de transición, la financiación de servicios excluidos de la tarifa, y los mecanismos para asegurar el acceso efectivo al servicio sin discriminación, el ente de control anunció su intervención.
Y es que la Procuraduría advirtió que zonas periféricas, apartadas y de difícil acceso en la ciudad podrían quedar sin cobertura o con un servicio precario de recolección de residuos, afectando a más de 400.000 habitantes.
Por esta razón, la entidad solicitó información detallada a las autoridades competentes, con el propósito de proteger los derechos de los usuarios y de asegurar que el servicio público de aseo se preste con calidad y cobertura efectiva, conforme a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027.