La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud intervenir de manera inmediata la EPS Coomeva y adelantar acciones que garanticen la prestación del servicio a cerca de dos millones de usuarios que podrían estar en riesgo.
El ente de control advirtió que la EPS tiene una deuda de $2,2 billones, por lo que algunas IPS no prestan los servicios de salud a la población afiliada, lo que ha causado que se realicen pagos anticipados, con tarifas plenas superiores a las pactadas en los acuerdos contractuales, para poder cumplirle a los usuarios.
Coomeva EPS ha tenido un aumento en las quejas por presuntas irregularidades en la prestación de servicios.
En los primeros siete meses de 2019 se han registrado 42.702 (un promedio de 6.100 por mes). Para 2018 esa cifra fue de 60.824, lo que significa que en promedio al mes fueron 5.068.
En su mayoría las quejas están relacionadas con barreras de acceso para la atención de enfermedades de alto costo, falta de oportunidad y continuidad en procesos de atención en salud, realización de exámenes de apoyo diagnóstico, citas médicas de control con especialista y entrega de insumos y medicamentos.
Entre enero y junio de 2019 la cuantía de los procesos jurídicos contra la EPS asciende a $6.007 millones. En el mismo periodo ha sido notificada de 17.435 acciones de tutelas, y entre enero y mayo, de 287 desacatos.
Dentro de las acciones adelantadas por el Ministerio Público se han encontrado evidencias que permitirían establecer que la EPS estaría incumpliendo con las condiciones financieras establecidas, que no cuenta con una red de servicios médicos asistenciales en uno o varios niveles de complejidad, presenta un alto número de tutelas y embargos y tiene fallas en los programas preventivos.
Estos eran los principales accionistas de la EPS Coomeva al 31 de diciembre de 2018:
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