En una audiencia pública citada por el Tribunal de Santander, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo respaldaron las solicitudes de los seis alcaldes de la provincia de Soto Norte y las comunidades de esa región, para que se adelante una medida de desacato contra la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Lena Estrada, y sus funcionarios.
Lo anterior por el reiterado y sistemático incumplimiento en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán.
El caso se centra especialmente en los municipios de Vetas, California, Suratá, Matanza, Tona y Charta, y expone la cadena de prórrogas, incumplimientos, excusas, y falta de acciones, por más de siete años han impedido cumplir la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.
En la audiencia, el procurador delegado, Julio César Rodas Monsalve, le pidió al Tribunal “poner en cintura a los funcionarios del alto gobierno que, en vez de concertar con las comunidades y cumplir con lo establecido por la Corte, han agravado la situación con sus incumplimientos”.
El funcionario también destacó que “con la expedición de nuevos determinantes ambientales sin cumplir con la participación ciudadana -como la Resolución 0221 de 2025 que declaró una zona de reserva forestal de más de 75.000 hectáreas en seis municipios de Soto Norte y Bucaramanga- están generando graves afectaciones económicas, sociales y culturales, especialmente a pequeños agricultores y mineros ancestrales”.
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Así las cosas, la Procuraduría solicitó formalmente no conceder más prórrogas al Ministerio, adoptar medidas judiciales urgentes como el incidente de desacato contra la ministra de Ambiente, Lena Estrada, y considerar la suspensión de la Resolución 0221 de 2025 mediante medida cautelar.
“Deseamos que se ordene un proceso de delimitación más ágil, que se cumplan plenamente las garantías de participación de la ciudadanía, y que no haya un traslape entre dos actuaciones administrativas que generan confusión”, manifestó Rodas.
Entre tanto, el delegado del órgano de control pidió que toda actuación se debe alinear con los principios del Acuerdo de Escazú y el mandato constitucional de participación, transparencia y protección ambiental.
Por su parte, César Santiago, vocero de la Defensoría del Pueblo y delegado para los Derechos Colectivos y del Ambiente, aseguró que el Ministerio de Ambiente “no puede desconocer los acuerdos de delimitación ya concertados con municipios como Vetas, California y Suratá, pues hacerlo constituiría una violación al Acuerdo de Escazú”.
Además, la Defensoría reiteró su solicitud de suspender la resolución que declaró la zona de reserva forestal y denunció que, desde hace más de tres meses, solicitó formalmente al Ministerio de Ambiente los soportes técnicos y jurídicos que sustentan esa decisión, sin recibir respuesta alguna.
Esta falta de información, señaló Santiago, “profundiza la desconfianza institucional y vulnera el derecho de las comunidades a participar de manera informada en decisiones que afectan directamente su territorio y su sustento”.
El revuelo por cambios de abogados y posturas de la ministra de Ambiente en audiencia
En un hecho que fue calificado como «insólito e indignante» por parte de los alcaldes, líderes sociales y organismos de control, en la audiencia el Ministerio de Ambiente desautorizó a su abogado, le quitó el poder de representación legal, y cambió la postura oficial sobre la línea de delimitación en Vetas (Santander).
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Al principio de la audiencia, el apoderado inicial del Ministerio de Ambiente, Iván Escobar, afirmó que la entidad avalaba todo lo concertado con la comunidad de Vetas; es decir, la línea de delimitación de Páramo.
“En el cronograma no está incluido ese municipio, porque al no estar incluido, significa que el municipio se da por concertado», indicó.
Sin embargo, horas después, pidió un receso para comunicarse con el jefe Jurídico del Ministerio de Ambiente, y media hora más tarde, a su regreso, dijo que ya no era más el apoderado del Ministerio y que le cedía su poder a otra abogada, quien en plena audiencia contradijo todo lo dicho por él y se retractó sobre la concertación.
El repentino cambio de versión encendió los ánimos entre los asistentes a la audiencia, quienes cuestionaron la falta de seriedad y el irrespeto hacia el proceso, la Corte Constitucional, el Tribunal y, sobre todo, la comunidad de Vetas que ha participado en las mesas de diálogo.
“Nosotros firmamos un acuerdo con el Estado colombiano, representado por unos ministros, y no por un Gobierno específico y eso tiene que respetarse. Esos acuerdos se firmaron conforme a la sentencia de la Corte Constitucional. Es una falta de seriedad palpable y un absurdo. Si las decisiones que va a tomar el Ministerio van a depender de los comunicados de prensa que saque el Comité del Agua, ¿cuál es la seguridad jurídica de este proceso?», señaló la alcaldesa de Vetas.
Aunque la magistrada del Tribunal de Santander reiteró que el primer abogado había dicho que ya la concertación de la delimitación en Vetas se había dado como un hecho, cuestionó directamente a la ministra sobre el «sorpresivo» cambio de postura.
Por su parte Ivonne González, presidente de Asomineros Vetas y vocera de los mineros artesanales y legales de Vetas, afirmó que lo sucedido con el Ministerio “fue vergonzoso”. Y anunció procesos penales contra la ministra Estrada.
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“Fue indignante y vergonzoso lo que hizo la ministra. Ella estaba cuando el abogado habló, y cuando la magistrada preguntó dos veces, pero luego cambió su versión porque el Comité de Santurbán sacó unos videos para presionarla en redes. Se burló de la justicia y de las comunidades, y por eso vamos a tomar acciones penales por esto”, precisó.
