El contratista de la megavía Mulaló – Loboguerrero le respondió este viernes al presidente Gustavo Petro, quien en los últimos días ha criticado a la firma constructora por este proyecto ubicado en el Valle del Cauca.
De hecho, hace apenas dos días, el jefe de Estado acusó al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo de billonarios recursos a la Nación por esta concesión de cuarta generación (4G), ya que sus empresas son quienes están a cargo del corredor.
“Debe devolvernos los $2 billones que le pertenecen al pueblo colombiano y los demás también. Cuando se cumpla la obra, giramos. No tenemos ningún problema en hacerlo”, sostuvo.
¿Qué le dijo el contratista de la megavía Mulaló – Loboguerrero a Petro?
A pesar de lo anterior, la Concesionaria Nueva Vía al Mar (Covimar), a cargo de esta iniciativa, emitió este viernes un comunicado rechazando lo dicho por Petro sobre una deuda de los empresarios con el Estado.
Según las cuentas oficiales, en la fiducia del contrato hay $1,8 billones que han sido girados por la Nación, así como otros $424.000 millones que se han generado por rendimientos.
“Estos pertenecen al proyecto y su utilización solo puede ser definida por la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura). El concesionario no puede disponer de estos recursos”, dijo.
Y añadió: “Resulta imperativo que las autoridades competentes actúen de manera decisiva y transparente en la gestión de estos recursos, sobre los cuales Covimar no tiene control”.
En su comunicación, el contratista de la megavía Mulaló – Loboguerrero le respondió a Petro que en diversas ocasiones le han pedido a la ANI buscar una solución definitiva que le permita al Estado disponer de recursos que está en una fiducia.
Pedidos de liquidación del contrato de concesión
De hecho, Covimar ha solicitado en múltiples ocasiones la terminación y liquidación del contrato de concesión, por medio de más de 30 reuniones y comunicados enviados a la entidad.
Según la empresa, esto lo ha dicho “dada la imposibilidad manifestada por el Ministerio de Hacienda de aportar recursos adicionales y la falta de voluntad de la ANI de buscar alternativas que permitan su continuidad”.
Y anotó que, incluso, en el marco de mesas de trabajo en 2024, Covimar propuso soluciones en beneficio del Estado colombiano que permitieran destrabar la ejecución del proyecto o proceder con la liquidación del contrato.
Sin embargo, a la fecha, este sigue activo y con operación y mantenimiento de parte del concesionario, que nunca pudo comenzar las obras debido a las demoras para obtener una licencia ambiental de parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Según las empresas del Grupo Aval y Corficolombiana, esto generó un fuerte retraso en el cronograma e incrementó los valores para la ejecución de las obras, lo cual, en su concepto, debe ser reconocido por el Gobierno Nacional.
