La Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, firmaron recientemente un Memorando de Entendimiento con el objetivo de consolidar la ejecución de varios proyectos estratégicos en materia de movilidad e infraestructura para la capital del país. Este acuerdo permitió reprogramar algunos pagos, lo cual facilitará la continuidad de obras clave para la ciudad.
De acuerdo con un comunicado emitido por la administración distrital, el memorando establece lineamientos para la cofinanciación y programación de obras como la primera y segunda línea del Metro de Bogotá, la incorporación de buses eléctricos al sistema TransMilenio y la renovación integral de la Calle 13, una de las principales vías de ingreso a Bogotá desde el occidente.
María Montejo, abogada experta en temas de infraestructura y miembro del grupo Baker McKenzie, explicó a Valora Analitik las implicaciones de esta decisión, considerando que los desembolsos estaban inicialmente previstos para julio.
Según Montejo, “en lo relacionado con la primera línea del Metro de Bogotá, este memorando de entendimiento suscrito entre el Distrito y la Nación, y en particular el otrosí número cuatro al convenio de cofinanciación, modificó únicamente uno de los pagos a cargo de la Nación. El desembolso programado para el 31 de julio de 2025 fue reprogramado para el 31 de octubre del mismo año”.
Desde su experiencia, Montejo analizó si este aplazamiento podría generar consecuencias en la ejecución de las obras, especialmente las relacionadas con la primera línea del metro. “Las reprogramaciones no son perjudiciales siempre y cuando se cumplan los nuevos plazos. Si llegamos a octubre y no se ha desembolsado el dinero correspondiente, ni se ha constituido el encargo fiduciario para la segunda línea del metro, entonces sí podríamos enfrentar un escenario de incumplimiento contractual e incertidumbre”, advirtió.
En cuanto a los efectos sobre los cronogramas actuales, la abogada precisó que no debería haber afectaciones inmediatas. “Esta reprogramación no debería alterar los cronogramas de las obras que ya están en ejecución, entre otras razones porque, en el caso de la segunda línea del metro, aún no existe un cronograma de obra activo. No obstante, será fundamental hacer un seguimiento riguroso y verificar que, para diciembre de 2025, ya se haya constituido el encargo fiduciario, que representa el primer paso para concretar los desembolsos comprometidos por parte del Gobierno Nacional”.
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Montejo también valoró el contexto en el que se dio esta reprogramación. Afirmó que “no es necesariamente negativo buscar un alivio frente a las restricciones fiscales que enfrenta la Nación, siempre que se haga de manera consensuada, mediante acuerdos contractuales y no de forma unilateral o sin concertación previa”.
¿Hay rompimientos legales con el aplazamiento de los pagos para la ejecución de proyectos?
Al respecto y consultada sobre la legalidad de estas modificaciones, Montejo fue enfática en que “no hay nada ilegal en estas reprogramaciones. Según lo que se conoce, se han cumplido todos los hitos, requisitos y aprobaciones previas necesarios para suscribir estos acuerdos. Por tanto, estamos ante modificaciones válidas, concertadas, y es fundamental hacer un seguimiento riguroso para garantizar el cumplimiento de los nuevos plazos establecidos”.
Finalmente, la experta destacó el valor simbólico y político del acuerdo: “Más allá de la reprogramación de pagos, este memorando envía un mensaje positivo. Veníamos de un periodo prolongado de desacuerdos entre la Nación y el Distrito, y este acto refleja un interés por retomar la colaboración institucional. La comunicación y el trabajo conjunto entre niveles de gobierno son esenciales para la ejecución de estos grandes proyectos de infraestructura”.
