El superintendente delegado de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Juan Carlos Upegui, anunció la radicación ante el Congreso del proyecto de ley para la modernización del régimen jurídico de protección de datos personales.
La iniciativa pretende actualizar el marco normativo vigente para responder a los retos de la era digital, la innovación tecnológica y las crecientes amenazas a la seguridad de la información, garantizando una mejor protección de los derechos de los ciudadanos y fortaleciendo la confianza en los entornos digitales.
“Con la radicación del proyecto de ley la SIC reafirma su liderazgo en la promoción de un marco jurídico moderno, que permita enfrentar con eficacia los desafíos que plantea la digitalización y, al tiempo, garantizar la seguridad y la privacidad de los datos personales de los colombianos” expuso.
Las iniciativas adelantadas
Desde el pasado 2 de febrero la gestión de la SIC se ha concentrado en ampliar la cobertura en los territorios.
Esto se ha traducido en la apertura de sendas Casas del Consumidor de Bienes y Servicios en Medellín, Cartagena, Leticia, Cali, San Andrés y Santa Marta, a las que se sumará muy pronto una en Quibdó.
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De acuerdo con el vocero, con estas acciones, la Red Nacional de Protección al Consumidor alcanza una presencia consolidada de 18 Casas del Consumidor en todo el país, y seis en Bogotá.
Otra estrategia destacada es el programa Marcas de Paz, iniciativa de descentralización que brinda acompañamiento y orientación gratuita a emprendedores afectados por el conflicto armado, para proteger sus marcas con el registro de propiedad industrial.
Esta estrategia ya ha llegado a ocho departamentos, aportando a la inclusión productiva y al acceso equitativo a la institucionalidad.
De otro lado, Upegui mencionó las seis delegaturas de la SIC y las decisiones más recientes adoptadas en materia de protección de datos personales, protección al consumidor, investigaciones para el control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal, así como en defensa de la libre competencia.
“Estas acciones reflejan el compromiso de la Superintendencia con la defensa de los derechos ciudadanos y con la construcción de un mercado más justo, transparente y competitivo”, comentó.
