El pasado 25 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro sancionó oficialmente la reforma laboral que transforma aspectos clave para las empresas y trabajadores, como la jornada laboral, los recargos, la estabilidad en el empleo y los derechos colectivos.
Aunque algunas disposiciones empezarán a aplicarse de forma inmediata, otras tendrán una implementación progresiva, con plazos definidos en el decreto reglamentario. No obstante, el Ministerio del Trabajo ha anunciado que iniciará un plan de auditoría para verificar que las empresas se estén adaptando correctamente a las nuevas exigencias.
En ese contexto, Sara Ariza, abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, le explicó a Valora Analitik cómo será este proceso de inspección, cuáles serán los focos de vigilancia y qué sanciones enfrentarán las compañías que incumplan la normativa.
Visitas programadas y sorpresivas: así serán las auditorías laborales
Según la experta, el Ministerio del Trabajo llevará a cabo auditorías más rigurosas, sistemáticas y enfocadas que en años anteriores, a través de visitas tanto programadas como sorpresivas.
Esto implica que los inspectores podrán llegar sin previo aviso a las instalaciones de las empresas, exigir documentación laboral, entrevistar trabajadores y tomar medidas inmediatas si detectan incumplimientos.
“El Ministerio está fortaleciendo su cuerpo de inspectores, ampliando la cobertura a todos los sectores económicos y regiones del país. Ya no se trata solo de verificar la existencia de contratos, sino de revisar con detalle si se están pagando recargos, cumpliendo cuotas legales o afiliando correctamente a la seguridad social”, explicó Ariza.
Los temas clave que se evaluarán en estas auditorías incluyen:
- Pago adecuado de recargos nocturnos, dominicales y festivos.
- Contratación de aprendices del SENA, asegurando condiciones como salario progresivo, cesantías y vacaciones.
- Afiliación completa a salud, pensión y riesgos laborales, especialmente en esquemas de contratación por prestación de servicios.
- Cumplimiento de normas sobre acoso laboral, desconexión digital, teletrabajo y existencia de un Reglamento Interno actualizado.
Los inspectores podrán exigir evidencia documental, entre la que se destacan:
- Contratos laborales y soporte de firma.
- Comprobantes de pago de salarios, recargos y horas extras.
- Planilla PILA y afiliaciones a seguridad social.
- Matrices de riesgos, reportes de accidentes y exámenes ocupacionales.
- Certificación del cumplimiento de cuotas de aprendices y personas con discapacidad.
¿Qué pasa si una empresa no cumple la reforma?
Las consecuencias para las empresas que no adopten oportunamente los cambios exigidos por la nueva legislación pueden ser significativas. Ariza advierte que no se trata solo de sanciones económicas, sino de eventuales consecuencias legales y reputacionales.
“Las multas impuestas por el Ministerio pueden alcanzar hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. También pueden surgir demandas por parte de los trabajadores y órdenes de corrección inmediata”, explicó la abogada.
Además de las sanciones administrativas, Ariza aseguró que una empresa puede perder competitividad y reputación si se hacen públicos los conflictos laborales o si los incumplimientos generan tensiones internas.
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¿A qué sectores se les hará más vigilancia?
Aunque todas las empresas estarán sujetas a inspección, el Ministerio de Trabajo ha anunciado que se priorizarán sectores de alto riesgo, según indicadores de informalidad, historial de sanciones y tamaño del empleador. De acuerdo con la abogada, las auditorías se enfocarán en:
- Empresas con altos niveles de informalidad o sin afiliaciones a seguridad social.
- Compañías con antecedentes de quejas o sanciones por prácticas laborales irregulares.
- Organizaciones con gran cantidad de empleados, por su alto impacto en el mercado laboral.
- Sectores como plataformas digitales, agroindustria, comercio minorista, servicios domésticos y construcción, donde hay más probabilidades de vulneración de derechos.
“El objetivo es avanzar en la formalización del empleo y prevenir prácticas como la tercerización indebida o la omisión de obligaciones legales”, señaló Ariza.
Recomendaciones para las empresas
Para enfrentar con éxito una eventual visita de inspección laboral, Ariza recomienda que las empresas adopten un enfoque preventivo y mantengan toda su documentación en regla. Estas son las principales sugerencias:
- Actualizar todos los documentos laborales, incluyendo contratos firmados, soportes de pago, afiliaciones a seguridad social y registros de jornada.
- Revisar y ajustar el Reglamento Interno de Trabajo conforme a los nuevos lineamientos, especialmente en lo relacionado con acoso laboral, teletrabajo, desconexión digital y contratación de aprendices.
- Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) con todos sus componentes: matriz de riesgos, exámenes médicos, reportes de accidentes y comités legalmente constituidos.
- Capacitar al personal directivo y a Recursos Humanos sobre el procedimiento de inspección, cómo interactuar con el funcionario público y qué documentación debe estar lista.
- Realizar una auditoría preventiva para detectar fallas internas, corregir posibles incumplimientos y prepararse para una eventual visita del Ministerio.
“El mejor camino es la preparación. Estas visitas ya no son meras formalidades; ahora son ejercicios reales de fiscalización con impacto jurídico. Las empresas deben tomarlo con total seriedad”, concluyó Ariza.