El trámite legislativo de la reforma pensional enfrenta una fecha límite este jueves 29 de octubre, cuando la Cámara de Representantes deberá completar las correcciones ordenadas por la Corte Constitucional. El alto tribunal identificó irregularidades de procedimiento en diez artículos y proposiciones del proyecto, por lo que solicitó al Congreso subsanar los errores detectados.
La Cámara avanzó parcialmente en ese proceso durante la plenaria del martes 27 de octubre, en la que rechazó tres proposiciones que debían ser revisadas en cumplimiento de la decisión judicial.
Una de las iniciativas estaba relacionada con el artículo 11 y buscaba establecer expresamente que los recursos de las cuentas individuales del componente de ahorro individual del pilar contributivo, incluidos los aportes voluntarios, fueran reconocidos como propiedad privada de los afiliados. Además, proponía que esos recursos constituyeran un patrimonio autónomo, separado de las entidades administradoras, el Estado y el Tesoro.
La segunda proposición, correspondiente al artículo 14, planteaba que el sistema de equivalencias y el cálculo de los bonos pensionales se definieran a partir de un estudio técnico actuarial elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Por su parte, la iniciativa relacionada con el artículo 19 pretendía precisar que la regulación de los fondos de pensiones debía garantizar el respeto por el libre mercado y la autonomía de inversión de los agentes.
Cámara solicitó una prórroga para cumplir la orden de la Corte
El plazo de 30 días hábiles establecido por la Corte Constitucional comenzó a correr el 17 de septiembre, cuando se notificó la sentencia. De acuerdo con ese calendario, la Cámara debe completar las correcciones antes de que venza el término fijado por el tribunal.
Ante la proximidad de la fecha límite, la mesa directiva de la corporación solicitó una prórroga de 30 días adicionales. Sin embargo, al cierre de la sesión del martes 27 de octubre, no se conocía una respuesta de la Corte Constitucional a esa petición.
Este procedimiento, denominado subsanación legislativa, permite al Congreso corregir irregularidades de trámite que la Corte considera susceptibles de enmienda. El mecanismo está contemplado en el artículo 202 de la Ley 5 de 1992 y busca que el Legislativo atienda los defectos procedimentales señalados por el tribunal.
La plenaria de este miércoles 28 de octubre será determinante para avanzar en la discusión y votación de las siete proposiciones que aún están pendientes. El resultado de esas deliberaciones será clave para establecer si la Cámara logra cumplir las exigencias judiciales dentro del plazo establecido o si deberá esperar una decisión sobre la prórroga solicitada.
