Reforma por decreto: Gobierno lanza nuevo modelo de salud y enfrenta reparos del gremio médico

Decreto que anticipa reforma a la salud despierta críticas por posible extralimitación.

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El Ministerio de Salud emitió el D 0858 del 30 de julio, que anticipa varios puntos de la reforma a la salud, pero ya suscitan dudas sobre la legalidad y el salto que estaría dando el Gobierno al Congreso.

La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina (Acemi), Ana María Vesga, habló en W Radio sobre las dudas que siembra la normativa: “En su momento, advertimos que muchos de esos cambios eran de rango de ley, que no podían modificarse por decreto. Se hicieron esos comentarios con oportunidad por diferentes voces. Comentarios que, como ya nos han acostumbrado, se han desatendido y que en esta ocasión salen vía decreto”.

Vesga señaló que hay que iniciar y revisar acciones legales, pero que por el momento se tendrán que adherir al decreto.

Acemi responde a la crisis financiera de las EPS: 10 puntos clave

Y agregó: “No se trata solamente del manejo de los recursos, se trata esencialmente de responsabilidades que tienen hoy las EPS de cara a la población y que, en esta oportunidad, se van a asignar a diferentes entidades: los entes territoriales y los centros de atención primaria. Repito, eliminándole funciones a las EPS”.

En la misma línea, el presidente Gustavo Petro le contestó a la dirigente del gremio diciendo: “Lo cierto es que, si las EPS se transforman en gestoras administradoras de la referencia y contrarreferencia de sus afiliados, se salvan; pero si se mantienen como aseguradoras financieras se quiebran, porque sus deudas son superiores a sus activos, incluidas las reservas técnicas que ya no tienen”.

Además, señaló: “Estamos salvando a las EPS y las invito a dar el paso y convertirse en gestoras del sistema. Podrán poner puestos de salud y nos organizaremos con el sistema público, territorialmente”.

En la misma línea, el movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a más de doscientas organizaciones, también criticó el decreto: “Elimina el actual esquema de aseguramiento en salud, reemplazándolo por un modelo estatal similar al que históricamente ha operado, de forma ineficiente, para los maestros, la Incertidumbre financiera”.

Y agregó: “El decretazo es una muestra más de la falta de conocimiento y la ausencia de capacidad técnica de nuestro Ministerio de Salud, esto no resuelve la crisis del sistema de salud, sino que politiza los recursos, aumenta las muertes evitables y condena a miles de pacientes a la ruina, obligándolos a pagar de su bolsillo para acceder a los servicios”, añadió Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

 

Lo que reglamenta el decreto de salud 

 

El decreto implementa un pilar de la reforma a la salud, el modelo preventivo, predictivo y resolutivo como política pública. El modelo busca garantizar el derecho fundamental a la salud mediante una atención integral desde la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, con énfasis en las condiciones sociales, territoriales y culturales de cada comunidad.

Entre los puntos clave está la territorialización del modelo de salud: se organizarán Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), conformadas por prestadores públicos, privados y mixtos. Estas redes garantizarán la atención en territorios definidos como microterritorios, subregiones y regiones funcionales.

En segundo lugar, se priorizará el fortalecimiento del primer nivel de atención mediante la creación y mejora de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), la contratación con IPS de baja y mediana complejidad, así como la conformación de los Equipos de Salud Territorial.

Asimismo, el modelo plantea establecer la formalización laboral del talento humano con condiciones estables, justas y en zonas rurales y de difícil acceso.

Finalmente, se pondrá en marcha el Plan Maestro de Infraestructura en Salud (PMIDS), mediante el cual se articularán inversiones en infraestructura, tecnología y adecuación sísmica de hospitales públicos, priorizando criterios de rentabilidad social por encima de la lógica financiera.