Con la decisión de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de no postular el proyecto hidroeléctrico Ituango a la subasta de reconfiguración convocada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), para que las centrales de generación en obra y con demoras pudieran renunciar a las obligaciones de entrega de energía entre diciembre de este año y noviembre del 2019, el retraso en la construcción de la megaobra entra a examen del regulador del mercado eléctrico.
Este es el paso ineludible para el futuro de la iniciativa, luego de que la firma XM, que administra el mercado de energía mayorista, informara que ningún proyecto en construcción acudió a esta convocatoria, que fue definida teniendo en cuenta que para dicho período hay un excedente de electricidad frente a la demanda esperada.
Según explicó Alberto Mejía, gerente de Mercado de Energía Mayorista de EPM, la compañía decidió no participar en la subasta porque solo sirve para solucionar atrasos de hasta un año.
“No tenemos fecha nueva de entrada y hay una incertidumbre en torno al estado de la casa de máquinas, por lo que hemos estimado siempre un atraso de tres años. Por ello, el mecanismo (subasta) no solucionaba el tema”, aseguró.
De acuerdo con el directivo, ahora sigue la entrega del informe del auditor de la obra a la Creg, entidad que, en caso de que determine que hay un incumplimiento grave e insalvable de EPM, podría tomar la drástica decisión de ordenar la ejecución de una garantía que hoy suma 41 millones de dólares y quitarle todas las obligaciones de energía firme a todo el proyecto.
Para el período 2018-2038, Hidroituango se comprometió a entregar 1.085 gigavatios hora año, a los que se suman otros 3.482 gigavatios hora año entre el 2021 y el 2038 (17 por ciento de la demanda del país), una vez tuviera sus ocho turbinas en operación.
Impacto mucho mayor
Fuentes del mercado eléctrico explicaron que el examen y análisis a las razones que llevaron a EPM a incumplir con Hidroituango podría tardar más de cinco meses, toda vez que se rige según la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Y si, al final del análisis, como ocurrió con el caso de Termocol, al que también le quitaron la energía firme asignada y le ejecutaron la garantía, le aplican la medida a EPM, la firma tendría que asumir un golpe de otros 3,4 billones de pesos.
Esto, porque alrededor del 30 por ciento de la inversión del proyecto, estimada en 11,4 billones de pesos, estaba contemplada para pagar con el cargo por confiabilidad, una vez la planta entrara a operar en diciembre, plata que no recibiría.
Esta suma se agregaría al impacto inicial en los ingresos de los próximos años de EPM por la contingencia, lo que la llevó a sacar a la venta activos en Chile valorados en unos 3 billones de pesos, aproximadamente.
“El riesgo es total del inversionista. Ellos lo asumen”, indicó la persona conocedora del tema.
(Tomado de El Tiempo)
