El Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó el incremento del salario vital para 2026, que será del 23 %. Con este ajuste, el salario básico quedará en $1.750.905.
A lo anterior se suman $249.095 por concepto de auxilio de transporte, para un ingreso mensual total de $2.000.000 para los trabajadores que devengan el mínimo.
Lo anterior tras definir el incremento mediante decreto luego de que la mesa tripartita no lograra un acuerdo.
El nuevo ajuste salarial se hizo bajo el concepto de ‘salario mínimo vital’, un término que usa la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para asegurar que el ingreso alcanza a cubrir las necesidades esenciales: canasta básica integral, vivienda adecuada con servicios públicos, acceso pleno a salud y seguridad social, educación para el hogar y los gastos asociados al transporte y la vida cotidiana.
La discusión del salario
Desde semanas atrás, el Gobierno había anticipado que el aumento sería de dos dígitos, mientras que los gremios empresariales fijaron su techo en 7,21 %, sustentado en variables como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y las metas de política monetaria del Banco de la República.
En contraste, las centrales sindicales insistieron durante la negociación en un incremento del 16 %, lo que amplió la brecha entre las partes y terminó por bloquear el consenso.
Aunque el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reiteró durante el proceso su intención de alcanzar un acuerdo, este no se materializó.
Las alertas de algunos sectores para el salario mínimo 2026
En ese contexto, el presidente Gustavo Petro elevó el tono del debate antes de la alocución presidencial, al publicar un mensaje en el que aseguró que el aumento del salario mínimo no genera desempleo y que la inflación responde, en realidad, a una disputa por la distribución de la riqueza.
Sin embargo, un punto que genera inquietud es su advertencia de que el Gobierno no permitirá que las empresas trasladen el mayor costo laboral a los precios finales al consumidor, un mensaje que en la práctica configura una amenaza de control de precios en el país.
En las discusiones se puso sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos de indexación de tarifas y precios que se ajustan automáticamente con el salario mínimo, al considerar que esta práctica termina afectando el poder adquisitivo de los hogares y genera presiones adicionales sobre la inflación.
Por su parte, las confederaciones de pensionados, si bien respaldaron buena parte del diagnóstico de las centrales obreras, introdujeron una salvedad clave: advirtieron que incrementos del salario mínimo muy por encima del IPC pueden afectar a los pensionados que reciben mesadas superiores a un salario mínimo, las cuales solo se actualizan con la inflación y no con el aumento decretado.
Ante la falta de acuerdo en la mesa de concertación, las organizaciones sindicales solicitaron que, en caso de definirse el aumento por decreto, el Gobierno tuviera en cuenta los argumentos expuestos en las salvedades. La decisión, coincidieron las partes, tendrá efectos directos sobre la política económica y social de 2026, en un contexto de presiones fiscales, control de la inflación y discusión sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.
