Durante el II Congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia, gremio de las energías renovables, advirtió que el país necesita cambiar la lógica con la que se están tramitando y discutiendo los proyectos energéticos.
“Hoy el incentivo es parar los proyectos: el que para, gana. Y eso no puede seguir así”, dijo Hernández, al insistir en que la conversación debe centrarse en cómo hacer posible la ejecución responsable de las obras, no en cómo detenerlas.
Hernández recordó que las energías renovables no convencionales son un sector emergente que ya representa cerca del 13 % de la capacidad de generación eléctrica del país, frente al 2 % que tenía hace apenas dos años. “Estamos creciendo porque creemos en Colombia, pero necesitamos que la institucionalidad acompañe y no frene el avance”, sostuvo.
Licencias ambientales: legitimidad y participación temprana
La presidenta de SER Colombia destacó que la licencia ambiental es mucho más que un requisito técnico: es una herramienta que otorga legitimidad social a los proyectos si se garantiza transparencia y participación comunitaria desde el inicio.
“El proceso de licenciamiento ambiental colombiano es abierto, tiene varios momentos de verdad y funciona cuando hay información clara y diálogo desde el momento cero”, explicó.
Según Hernández, aprovechar la información ambiental acumulada por distintas industrias permitiría planear mejor los territorios y reducir los tiempos de evaluación. Recordó que algunos ajustes recientes en licenciamiento han mostrado que sí es posible acortar hasta en 60 % los trámites sin debilitar la protección ambiental.
Sobre la consulta previa, la dirigente señaló que sigue siendo un desafío, en especial en regiones como La Guajira, donde los proyectos renovables han enfrentado demoras por falta de claridad en la representación de las comunidades.
“Lo más difícil ha sido identificar interlocutores válidos y garantizar presencia institucional permanente. Sin eso, la confianza se diluye”, señaló.
Agregó que el país necesita mecanismos de cierre de controversias, para evitar que los conflictos queden abiertos y afecten la continuidad de las inversiones.
Hernández insistió en que el desarrollo de los proyectos, ya sean renovables, de hidrocarburos o de infraestructura, debe construirse sobre relaciones de largo plazo y equilibrio entre derechos y deberes.
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“Las empresas tienen obligaciones, pero el cierre de brechas sociales es una tarea del Estado. Si no logramos ese equilibrio, seguiremos repitiendo los mismos errores. El éxito de la transición energética dependerá de recuperar la confianza entre los actores y de entender que el progreso solo es posible si los proyectos avanzan.”, advirtió.
