La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que unas 23 empresas y personas naturales relacionadas serán investigadas penalmente por prácticas restrictivas a la competencia en al menos 101 procesos de contratación estatal, entre 2014 y 2017, por más de 73 mil millones de pesos.
“La cuantía de las sanciones es de hasta 78.124,2 millones de pesos para las empresas, y de hasta 1.562,5 millones de pesos para las personas naturales, que podrían recibir penas privativas de la libertad”, indicó en una rueda de prensa el superintendente, Pablo Felipe Robledo.
El funcionario explicó que hay pruebas, recaudadas por el Grupo Elite contra Colusiones y el Laboratorio Forense de la superintendencia, que demuestran que las empresas le ofrecieron “bolsas de dinero” a sus competidores para que se retiraran de licitaciones asociadas al suministro de materiales de construcción, ferretería, pintura, alumbrado, materiales didácticos, entre otros.
“La compensaciones o pago por el retiro, se hacía a través de cuentas de cobro fachada que se presentaban por supuesta prestación de servicios de transporte entre ellos”, precisó.
Explicó además que los proponentes competidores que aceptaban el pago de la “bolsa” de dinero por parte del proponente interesado en la adjudicación del contrato, se abstenían de mejorar la oferta en la subasta inversa y, en consecuencia, el proponente interesado en ganar y que había pagado a sus competidores, se hacía a la adjudicación del contrato después del retiro de sus supuestos competidores.
En cualquier caso, los proponentes vinculados con la práctica anticompetitiva formulaban ofertas sustancialmente cercanas al presupuesto oficial previsto por la entidad contratante, con el fin de asegurar la adjudicación al mayor precio posible en favor del proponente dispuesto a pagar la “bolsa” de dinero.
Robledo aclaró que la investigación adelantada no involucra la conducta de ningún funcionario público, “se trata de otro caso de corrupción privado en el que la víctima es el Estado”. Algunos de los afectados son la Fiscalía General de la Nación, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la Rama Judicial, la Presidencia, el Sena, la Aerocivil y las gobernaciones de Cundinamarca y Antioquia.
De hecho, “la práctica colusoria, carrusel o cartelización sistemática” se descubrió cuando la Fiscalía denunció irregularidades en un proceso de selección que adelantaba para comprar uniformes de dotación para brigadistas por 149 millones de pesos.
