Superintendencia investiga a farmacéutica Eli Lilly por negativa a suministrar información

Eli Lilly es una empresa farmacéutica fundada en 1876 que trabaja en el desarrollo de tratamientos en múltiples áreas.

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Foto: tomada de Freepik

La Superintendencia de Industria y Comercio ha iniciado una investigación administrativa contra la empresa farmacéutica Eli Lilly Interamerica.

Según la entidad, la investigación se debe a la negativa de la empresa a suministrar información y a la obstrucción de una visita de inspección que se tenía programada en sus instalaciones.

¿Por qué investigan a Eli Lilly farmacéutica?

El 5 de julio de 2024, en cumplimiento de sus facultades administrativas, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó una visita administrativa a las instalaciones de Eli Lilly Interamerica.

Sin embargo, “la empresa se negó a atender la inspección y a proporcionar la información previamente solicitada, obstaculizando así el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control que le competen a la Superintendencia”, comunicó.

Esta conducta podría constituir una infracción sancionable bajo el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, lo que ha llevado a la Superintendencia a proceder con la investigación correspondiente.

Superintendencia de Industria y Comercio
Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio ha enfatizado que el régimen de control directo de precios de medicamentos es una medida esencial adoptada por el Gobierno Nacional para asegurar que los recursos públicos asignados al sector salud sean utilizados de manera eficiente y que los medicamentos estén disponibles a precios justos y accesibles para toda la población.

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En este contexto, las visitas de inspección permiten verificar que, entre otros, las empresas farmacéuticas cumplan con la normatividad vigente, lo cual incluye la obligación de proporcionar la información requerida y facilitar las diligencias de inspección.

En el evento de que se comprueben las conductas imputadas, la Superintendencia podrá imponer multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes, es decir, $2.600 millones.

“La decisión adoptada no implica prejuzgamiento alguno de las conductas investigadas y contra esta no procede recurso”, aclara la Superintendencia.

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