A través de un comunicado oficial, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) anunció la adopción de medidas administrativas contra las sociedades Maxtoppings S.A.S. y Cracks Inversiones S.A.S., tras comprobar que ambas adelantaban actividades de captación no autorizada de recursos del público.
La entidad ordenó la suspensión inmediata de dichas operaciones y la devolución de los dineros recaudados de manera irregular, al confirmar que los representantes legales de las compañías, Juan Martín Zapata Garzón y Stephan Eduardo Trujillo Velásquez, promovieron un esquema financiero sin respaldo legal.
Según la investigación, las empresas operaban bajo el modelo denominado “La tierra es Nuestro Cielo R-12”, mediante el cual invitaban a los ciudadanos a entregar sumas de dinero con la promesa de participar en supuestos proyectos de inversión. Esta estrategia se difundía tanto de forma presencial como a través de reuniones virtuales, donde se ofrecían “contratos de cuentas en participación en inversión” que prometían altas rentabilidades mensuales, sin sustento técnico ni autorización por parte de la autoridad financiera.
El análisis de la SFC determinó que las sociedades asumieron obligaciones económicas con el público de manera masiva, sin ofrecer bienes o servicios a cambio. Los contratos establecían compromisos de reintegro del capital invertido en un plazo determinado, junto con el pago de rendimientos fijos mensuales, condiciones que corresponden a operaciones exclusivas del sistema financiero. Dado que las empresas no contaban con el permiso legal para desarrollar este tipo de actividades, la Superintendencia concluyó que se configuró un esquema ilegal de captación masiva y habitual de dinero, en contravía de lo dispuesto por la normativa vigente.
En la práctica, los aportes de los inversionistas se destinaban supuestamente a la apertura de puntos de venta del modelo “R-12”. No obstante, las condiciones ofrecidas —incluidas las garantías de rentabilidad— evidenciaron que se trataba de un mecanismo financiero irregular. Los hallazgos de la SFC permitieron establecer que al menos 177 personas resultaron afectadas, con un monto comprometido que asciende a $2.317 millones, recursos cuya recuperación dependerá de los procesos judiciales y administrativos que se adelanten.
En atención a lo anterior, la Superintendencia remitió copia de la resolución y del expediente completo a la Superintendencia de Sociedades, entidad encargada de iniciar el proceso de intervención y recuperación de los recursos captados. Del mismo modo, se trasladó la documentación a la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que se adelanten las investigaciones penales correspondientes y se determinen las responsabilidades judiciales que puedan derivarse de las conductas identificadas.
