La Superintendencia de Sociedades ordenó la suspensión de las actividades de Inversiones 24K y de sus representantes legales: Jhon Carlos Ávila Rincón y Luz Natalia Quevedo Noreña.
La investigación administrativa determinó que la sociedad Inversiones 24K mediante contratos de mandato, recibía dinero de inversionistas con el compromiso de destinarlo a la compra y venta de oro a terceros, con el objetivo de generar utilidades.
Sin embargo, la Superintendencia evidenció que la sociedad ni adquiría el oro ni realizaba las inversiones prometidas. Asimismo, los inversionistas no recibían los porcentajes ofrecidos, ni las rentabilidades acordadas, que oscilaban entre el 7 % y el 20 %.
Además, señalaron que “carece de una justificación económica sólida. El negocio no está soportado en una fuente real de generación de valor, lo que lo convierte en un esquema insostenible que se apoya exclusivamente en la entrada dinero. Característica típica de un sistema de captación no autorizada o piramidal”.
Por lo anterior, se concluyó que la sociedad y las personas involucradas desarrollaron una operación que encaja en los supuestos de captación ilegal de recursos del público, acumulando un pasivo estimado en $2.600 millones y afectando a cerca de 87 personas.
Cabe recordar que, en virtud del Decreto Legislativo 4334 de 2008, las facultades otorgadas a la Superintendencia de Sociedades tienen como propósito restablecer y preservar el interés público, el orden social y los derechos de los depositantes.
Por esta razón, se ordenó la suspensión inmediata de las actividades de captación no autorizada y se dará inicio al correspondiente proceso de intervención judicial, con el fin de procurar la devolución de los dineros a los afectados.
Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, advirtió: “Reiteramos a la ciudadanía la necesidad de informarse adecuadamente con las entidades del Estado y abstenerse de participar en negocios o inversiones que prometan bienes, servicios o rendimientos sin una explicación financiera razonable. Así protegemos el patrimonio de los ciudadanos y evitamos que caigan en esquemas fraudulentos.”
