El recién nombrado jefe de gabinete de la Presidencia, Alfredo Saade, asumirá el liderazgo del proceso de emisión de pasaportes en Colombia, en medio de una fuerte controversia institucional y a pocas semanas de que expire el actual contrato con la firma Thomas Greg & Sons, el próximo 1 de septiembre.
La decisión ha generado malestar en la Cancillería, entidad que ha gestionado este trámite, y que ahora ve con preocupación los anuncios del Gobierno sobre un eventual cambio de operador sin un plan de transición claro.
El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en su intención de desvincular a Thomas Greg & Sons del negocio de los pasaportes, acusándola de tener supuestos intereses ocultos relacionados con el manejo de datos de los ciudadanos y de incurrir en presuntas irregularidades para quedarse con licitaciones públicas.
Además, el mandatario ha advertido que tampoco quiere a esa empresa al frente de la logística electoral de 2026, cuyo contrato, cercano a los $2 billones, está por adjudicarse.
Desde su nuevo cargo, Saade aseguró que cumplirá la instrucción presidencial y que la producción de pasaportes no se verá interrumpida. Incluso afirmó que el Gobierno está a punto de firmar un contrato con Portugal para reemplazar a la actual Unión Temporal Documentos de Viaje 2025 —integrada por firmas vinculadas a Thomas Greg & Sons—, y que la Imprenta Nacional estaría lista para asumir la producción.
“No nos vamos a quedar sin pasaportes. Si llegara a ocurrir, sería responsabilidad de la unión temporal y no del Gobierno. Lo que pasa es que han querido opacar a la Imprenta Nacional”, aseguró Saade este miércoles.
Sin embargo, desde la Cancillería, bajo el liderazgo de Laura Sarabia, la visión es completamente distinta. En un documento enviado a la Procuraduría y revelado por Caracol Radio, el Ministerio de Relaciones Exteriores advierte que la Imprenta Nacional requeriría al menos 35 semanas de empalme y capacitación técnica para asumir la tarea, un plazo que se extendería varios meses después de la fecha de vencimiento del actual contrato.
Sarabia ha propuesto una nueva urgencia manifiesta —la tercera— por un periodo de 10 a 11 meses, que permitiría mantener a Thomas Greg & Sons mientras se estructura una solución de largo plazo y se determina si una entidad pública puede realmente asumir la producción bajo los estándares internacionales exigidos.
A la incertidumbre se suma la sorpresa dentro de la propia Imprenta Nacional, los trabajadores consultados por el medio, dijeron desconocer los términos del supuesto acuerdo con Portugal, y alertaron que actualmente no tienen la capacidad técnica ni el personal necesario para imprimir un solo pasaporte.
El Ministerio Público ha expresado preocupación por los tiempos y la viabilidad real de la transferencia de tecnología necesaria. Mientras tanto, el reloj corre y la expectativa crece sobre qué ocurrirá a partir del 1 de septiembre.
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