Tras el sismo que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, las administraciones locales y regionales enfrentan un panorama de alta presión crediticia y operativa.
Según la agencia Fitch Ratings, el impacto económico de esta emergencia exigirá una coordinación sin precedentes entre la Nación y los territorios para evitar un deterioro fiscal profundo.
Dado que las administraciones territoriales han asumido la identificación de damnificados, la habilitación de albergues y la coordinación de servicios básicos como salud, agua y energía, estas responsabilidades han disparado los gastos operativos y de capital, obligando a reasignar presupuestos destinados originalmente a otros proyectos hacia la asistencia social y la reparación de infraestructura.
Al respecto, Carlos Vicente Ramírez, director senior de finanzas públicas territoriales para Colombia en Fitch, señaló que, si bien la emergencia es severa, las principales entidades de la zona afectada cuentan con una base sólida.
«Encontramos que en esta zona de afectación han tenido buenas calificaciones en AAA, lo que supone una buena calidad crediticia», afirmó, refiriéndose específicamente al Valle del Cauca, Cali, Pereira y Manizales. Otras ciudades como Jamundí o Buga y el departamento de Caldas (calificación AA) también muestran capacidad para absorber financiamiento adicional.
Sin embargo, advirtió que hay una brecha con las poblaciones de categorías 4, 5 y 6, que representan la mayoría en la zona de desastre y dependen totalmente de recursos externos al no ser sujetos de crédito.
Por su parte, para las entidades relacionadas con el gobierno la prioridad se ha centrado en los planes de mantenimiento de redes de comunicación y sistemas de energía con el fin de mantener la continuidad de los servicios públicos. No obstante, Fitch advierte que, en este caso, la capacidad de respuesta financiera variará significativamente según el tamaño y la flexibilidad presupuestal de cada entidad.
Perspectiva de Fitch: Capacidad crediticia y el costo de la reconstrucción
En cuanto al costo total, las estimaciones preliminares del Gobierno son alarmantes para Fitch, con el presidente, Abelardo de la Espriella, hablando en una alocución de $30 billones, una cifra que aún no incluye daños no cuantificados en infraestructura subterránea, como acueductos y alcantarillados.
Por ello, Fitch anticipa que el perfil financiero de las regiones sufrirá un golpe directo por la reducción del ahorro operacional. Esto se debe a la combinación de un gasto corriente al alza y una disminución en el recaudo de impuestos.
Al igual que ocurrió durante la pandemia, la firma espera que las administraciones locales otorguen beneficios tributarios, como el aplazamiento del impuesto de industria y comercio (ICA) y del predial unificado, para aliviar a los contribuyentes afectados.
Para Fitch, la reconstrucción será el nuevo foco de la agenda nacional y territorial, aunque su ejecución plena podría tardar años. Ramírez subrayó que, debido al calendario electoral, las administraciones actuales solo tienen un año restante, lo que significa que el grueso de la estructuración financiera y la ejecución de obras de infraestructura vial, puentes y acueductos recaerá en los mandatarios que asuman sus cargos en enero de 2028.
En última instancia, el éxito de la recuperación dependerá de la capacidad de ejecución de las regiones y de que los recursos nacionales sean suficientes y oportunos para contener las presiones sobre sus balances operativos.
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