La Procuraduría de Colombia solicitó declarar nula la decisión que condenó a TransMilenio a pagar $17.000 millones en favor de Tranzit, operador de buses del Sitp, en Bogotá.
La entidad de control hizo este pronunciamiento, por medio de un concepto enviado al Consejo de Estado. Lea más en Noticias de Infraestructura.
Para argumentar su petición, la Procuraduría Primera Delegada ante este tribunal expuso que “el panel arbitral definido para dirimir el conflicto carecía de competencia para el asunto”.
Agregó que las partes suscribieron un acta de liquidación bilateral donde se declararon a paz y salvo por todo concepto, “lo que no daba lugar a cobro alguno con posterioridad”.
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Para el Ministerio Público, el laudo tampoco tendría validez porque no se definió ni se hizo referencia a un trámite de ese tipo, sino a un proceso que debía cursar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
La Procuraduría señaló que “el tribunal arbitral falló sin competencia, al desconocer el ordenamiento jurídico respecto a la cosa juzgada, no respetar la voluntad de las partes (…) y desconocer la carga de la prueba, generar presunciones y negar aspectos fácticos de la demanda”.
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La entidad llegó a esta etapa, con base en las competencias consagradas en la Constitución, que le permiten intervenir en todos los procesos judiciales en los que se busque proteger el patrimonio público.
En todo caso, la palabra final sobre este proceso la tendrá el Consejo de Estado.