El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aprobó por unanimidad la recomendación para que sea adaptado por decreto la declaratoria de desastre nacional por la inminencia de un fenómeno de El Niño 2026-2027.
La declaratoria de situación de desastre nacional es un mecanismo previsto en la Ley 1523 de 2012 que permite al Estado tomar medidas extraordinarias cuando existe un riesgo de gran magnitud que supera la capacidad de respuesta de las autoridades territoriales.
La medida busca adoptar acciones preventivas para proteger a las comunidades, fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y reducir los impactos derivados de las condiciones climáticas extremas que podrían registrarse en distintas regiones del país.
La norma faculta al Gobierno para declarar esta situación incluso cuando el desastre aún no ha ocurrido, siempre que exista un riesgo inminente, con el fin de movilizar recursos, fortalecer la coordinación institucional y ejecutar acciones anticipadas.
Y es que la entidad está organizándose para enfrentar el Niño y otras emergencias en el territorio nacional, por ello está en la tarea de consolida la información presupuestal, contractual y financiera durante el cierre del actual Gobierno, para garantizar la transición ordenada hacia la próxima administración.
Según la entidad, hasta el 6 de agosto el director priorizará la atención de las emergencias en curso y de aquellas que puedan presentarse durante el cierre de gestión.
¿Cómo avanza la preparación para el fenómeno de El Niño?
Como parte de la estrategia de preparación, el Gobierno instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) Nacional permanente para coordinar y acelerar las medidas de respuesta frente al fortalecimiento del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico tropical.
La preparación del país se ha venido estrcuturando en tres ejes: coordinación institucional; información estratégica y gestión del conocimiento; y despliegue territorial mediante un plan de acción que definirá responsabilidades, recursos y acciones para prevenir y reducir los riesgos, fortalecer la preparación para la respuesta y mejorar el manejo de emergencias en todo el territorio nacional.
En ese marco, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha expedido más de 11 circulares, resoluciones y directrices para preparar al país frente al fenómeno.
Entre ellas se incluyen lineamientos para el alistamiento institucional y la preparación territorial, así como medidas adoptadas por los ministerios de Vivienda, Ambiente, Minas y Energía, y Agricultura, además de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), orientadas al ahorro y uso eficiente del agua y a la protección de los ecosistemas.
De igual forma, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios han emitido directrices para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de agua y energía y mitigar el impacto que puedan tener las tarifas sobre los usuarios durante la emergencia.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural implementará, junto con las entidades del sector, una estrategia basada en el monitoreo agroclimático para identificar y priorizar la atención en los territorios más vulnerables.
La estrategia contempla inversiones superiores a $669.000 millones, dirigidas a proteger la producción agropecuaria, los medios de vida rurales y la seguridad alimentaria.
