El Gobierno autorizó otorgar una garantía a Electricaribe para que tome créditos en la banca por 730 mil millones de pesos para un plan de inversiones que será ejecutado en los próximos 12 meses mediante el cual se mejore la calidad de prestación de servicios en la Costa Caribe.
“El paso es fundamental para el futuro de la empresa, para que mejore la calidad, porque los indicadores son muy malos, en cuanto al número de interrupciones o el número de horas que pasan las viviendas y negocios sin energía. Eso se resuelve con más inversión (en redes y transformadores)”, explicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Entonces, a lo largo de ese año, la empresa debe dar la solución definitiva.
Por otro lado, la elección del nuevo operador de Electricaribe tiene dos condiciones: que el inversionista que llegue sepa de operación redes y de distribución de energía eléctrica, y que tenga músculo financiero, porque debe seguir con un plan de inversiones más o menos a ese mismo ritmo durante los próximos siete años.
“Este es el primer año de un plan de inversiones, que después lo debe hacer el sector privado, por eso estamos buscando qué empresas podrían estar interesadas. Si son las colombianas, ya hay un acuerdo para que no opere el tope regulatorio que restringe la participación en el mercado a un 25 %”, añadió Cárdenas.
La eliminación de ese tope regulatorio —la ampliación sería permanente— beneficiaría a empresas que ya están cerca de ese tope, como Empresas Públicas de Medellín (EPM) o Codensa, que podrían participar en el mercado del Caribe. Ninguna empresa puede tener hoy más de 25 % del mercado.
Sin embargo, ayer el presidente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, dijo que la empresa no participará en la licitación porque está enfocada en resolver la contingencia de Hidroituango.
Un primer tramo del monto mencionado que se desembolsará antes del fin del Gobierno de Juan Manuel Santos, cerca de 300 mil millones de pesos. El restante, se entregaría en los próximos 12 meses.
El jefe de esa cartera comentó que la situación en el momento de la intervención era muy mala, porque la empresa no hizo las inversiones necesarias: “La prestación del servicio era pésima, que fue lo que llevó al Gobierno a intervenir”.
El operador que se escoja en la subasta queda con esa obligación financiera, pero dijo Cárdenas que el negocio es atractivo, “porque es uno grande, es el mercado que más crece en Colombia”.
Agregó que este es un sector regulado; lo que pueden cobrar las empresas y los estándares los define la regulación, y que en Italia hay una empresa que tiene cerca del 80 % del mercado.
“Es una herencia del mercado que se puede quitar, si queremos ver nuevos competidores. Hay otros distribuidores muy buenos, como Brookfield”, finalizó.
