Nuevo lío judicial para Inassa en la Costa Caribe

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La Fiscalía reveló hoy que, en el marco de la Operación Acordeón, obtuvo información producto de cooperación judicial y varias declaraciones que dan cuenta del presunto pago de sobornos al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, a cambio de favorecer los intereses de la empresa Recaudos y Tributos S.A. (R&T), filial del grupo Inassa.

Ese favorecimiento se habría dado en el trámite de revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado 5º Civil del Circuito de Santa Marta, el 26 de junio de 2012, con motivo de la controversia originada entre esa empresa y el Distrito de Santa Marta en torno a la revisión de legalidad del contrato para la modernización en el sistema de gestión y recaudos tributarios de esa ciudad (No. 092 de 2002).

El supuesto soborno se habría pagado con cargo a contratos ficticios suscritos por la sociedad Recaudos y Tributos.

La Fiscalía estableció además que en dicho trámite la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Pretelt, profirió la sentencia T-082 de 12 de diciembre de 2012, en beneficio de los intereses de la sociedad R&T, pero esta decisión fue posteriormente declarada nula por la Sala Plena de la misma corporación, a instancia del Distrito de Santa Marta, mediante Auto 155 de 28 de mayo de 2014.

Teniendo en cuenta la relevancia penal de las conductas atribuidas al exmagistrado de la Corte Constitucional y el fuero constitucional que lo ampara en relación con las mismas, la Fiscalía decidió compulsar copias de las piezas procesales pertinentes, con destino a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que dé inicio a la investigación correspondiente.

Del mismo modo, el fiscal del caso Acordeón compulsó copias al interior de la Fiscalía para que se investigue la conducta de los abogados Rodrigo Escobar y Victor Pacheco, a quienes se hace referencia en las evidencias conocidas.

Inassa está siendo investigada también en Barranquilla por el presunto desfalco cometido sobre la empresa de servicios públicos Triple A durante 17 años.

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