El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo hoy que para presentar la discusión y llegar a un proyecto para presentar al Congreso una reforma pensional se creó la Comisión de Reforma de Protección a la Vejez.
Esa comisión recogerá los puntos de vista y las propuestas que tienen sindicatos, pensionados, gremios, multilaterales, jueces, partidos políticos y centros de investigación.
El ministro dijo que la reforma se presentará al Congreso antes de finalizar este año, a pesar de que la ministra de Trabajo dijo hace un par de meses que sería en 2020.
En su presentación en el Congreso de Asofondos en Cartagena, el funcionario dijo que el primer problema que tiene el país es que una gran proporción de la población se encuentra sin formar parte del sistema pensional.
El segundo problema, dijo, es la población que no ha podido sobrepasar los montos mínimos de ahorra para su pensión ni el ingreso promedio mensual nacional.
“Tenemos que resolver el problema de otra manera, no vamos a ser capaces de aumentar la productividad. Si el salario mínimo se aumenta más allá de la productividad, eso será un problema en 20 o 25 años”, advirtió.
Hay que ser creativos para que los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) tengan más beneficiarios en Colombia, sentenció Carrasquilla.
Esa cantidad de población que no ha ahorrado y la otra que no ha conseguido ahorrar lo suficiente para tener mesadas por encina del salario mínimo suma 80 % de los colombianos. “Si se mantiene esa tendencia, el país no va a ser capaz de pagar en el futuro”, dijo.
El plan B del Gobierno para esa porción de la población es que los beneficios de los BEPS les suministren la posibilidad de tener un giro mensual para la época de vejez.
El gran desafío para el ministro es cambiar esos números de no cotizantes. Reveló que el 34 % de esa población que nunca ahorró debe irse reduciendo, mientras el 44 % que no ahorró los suficiente debe tener mecanismos para poder ahorrar en la medida de sus capacidades. Se les debe ayudar a ahorrar mediante mecanismos de tecnología transaccional, dijo.
Detalló que en la distribución del presupuesto nacional se paga el 2,3 % del PIB hacia subsidios pensionales.
Carrasquilla dijo que el país decidió en el pasado subsidiar algunas de las pensiones más altas y se descuidó a los sectores de la población de menores recursos.
En concepto del ministro, los subsidios pensionales actuales empeoran la distribución del ingreso en Colombia porque son altamente regresivos.
Cambios en el Plan de Desarrollo
El ministro de Hacienda explicó que dentro del Plan Nacional de Desarrollo se hicieron varias propuestas para mejorar el sistema pensional.
La primera de ella, se hizo sobre el régimen de inversiones de las pensiones voluntarias (Art. 57).
Dijo que el régimen de inversiones de los fondos de pensiones voluntarias vigente es previo a la Ley 100 de 1993, y resulta mucho más restrictivo e ineficiente que el esquema aplicable a los fondos de pensiones obligatorias.
“Esta limitación impide que los colombianos que ahorran en los fondos de pensiones voluntarias tengan rendimientos más altos y no permite que las inversiones puedan ajustarse al perfil de riesgo de cada afiliado”.
La segunda propuesta se hizo sobre el reconocimiento simultáneo de pensiones (Art. 58).
El funcionario reveló que la ARL Positiva ha desembolsado $19.000 millones en el pago de pensiones de invalidez a 111 personas que ya contaban con una pensión de vejez.
También ha identificado más de 200 casos que pueden ser objeto de la doble prestación y que pueden costarle a la ARL pública cerca de $44.000 millones.
Con el propósito de generar un uso más eficiente de los recursos de la Nación destinados al Sistema General de Seguridad Social, eliminar las inequidades y destinar mayores recursos que logren la cobertura de los más vulnerables, para el ministro es fundamental aclarar que existe una incompatibilidad de la pensión de vejez y la de invalidez (cualquiera sea su origen).
Los afiliados seguirán contando con una protección, y podrán optar por aquella que más les favorezca.
La tercera propuesta es atacar el reconocimiento irregular de prestaciones en el Sistema General de Pensiones (Art. 59).
Dijo que Colpensiones ha detectado 1.634 casos de reconocimiento irregular de pensiones. Se ha calculado que al corte 30 de septiembre de 2018, el ahorro que podría generarse por la suspensión del pago de reconocimientos prestacionales fraudulentos asciende a más de $700 mil millones, recursos que podrían destinarse a subsidios para la población adulta más vulnerable.
“Es evidente la necesidad de mantener y fortalecer los mecanismos para combatir eficazmente esta irregularidad”, añadió.
Se promueve en el PND la búsqueda de los adultos mayores quienes en vez de recibir un pago único que puede agotarse al cabo de pocos años, tendrán una suma fija y permanente para el resto de su vida.
La iniciativa indica que una persona también podría retractarse de destinar sus ahorros a BEPS. “Si decide hacerlo perdía el beneficio del 20 % que le otorga el Gobierno y no tendría el alivio de recibir un ingreso garantizado y vitalicio en su vejez”, explicó.
Y concluyó diciendo: “El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 alivia únicamente las necesidades más inmediatas del Sistema General de Pensiones para lograr un mayor bienestar para todos los Colombianos y no es una reforma pensional por la puerta de atrás”.
