El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto por medio del cual se reglamentan las gestiones que se deben adelantar para el reconocimiento como deuda pública las obligaciones de pago que se encuentren en mora de su pago a la fecha de entrada de vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora en su pago al 25 de mayo de 2019, por parte de las entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación.
“La resolución definirá y ordenará el pago de las obligaciones, mediante el mecanismo que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional determine; bien sea con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de títulos de Tesorería TES Clase B”, dice el proyecto de decreto.
Según el documento, este pasivo generado por créditos judiciales está concentrado fundamentalmente en las siguientes entidades: el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Invías y el Consejo Superior de la Judicatura, que para el 2018 concentraron cerca del 90 % de la deuda con participaciones del 40 %, 23 %, 17 %, 4 % y 3 %, respectivamente.
El texto afirma que, al tercer trimestre de 2018 el pasivo por sentencias y conciliaciones reportado, corresponde a 0,7 % del PIB, para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.
El documento estará disponible para comentarios hasta el próximo 14 de diciembre.
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