Un borrador de decreto autoriza al Gobierno de Colombia para contratar asesorías profesionales para establecer “la provisión directa de financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional, así como invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por dichas empresas”.
Esto le dará facultades al Ministerio de Hacienda para contratar asesores expertos en temas legales, financieros y de otra índole, “que sean necesarios para la determinación de las condiciones en las cuales se realizarían dichas operaciones”.
El anuncio es relevante si se tiene en cuenta que desde el último mes, y por cuenta de la crisis económica, se planteó la posibilidad de que el Estado entregue préstamos o se convierta en socio de algunas compañías afectadas por el coronavirus: el caso más representativo ha sido el de Avianca, aunque a comienzos de mayo la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, dijo a La República que “en principio no se ha pensado ser accionista de ninguna empresa en ningún sector, por ahora”.
De acuerdo con el borrador de decreto, la contratación se realizará bajo el régimen de derecho privado, acreditando “la idoneidad y experiencia de los expertos requeridos”.
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Aclara el proyecto que los honorarios y gastos que se generen por cuenta de los procesos de asesoría, podrían ser asumidos por las empresas privadas, públicas o mixtas que puedan ser foco de estas inversiones estatales.
Finalmente, establece que: “En todo caso, el pago por concepto de gastos y honorarios efectuado por parte de las empresas antes señaladas, no obliga a la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la realización de la operación de financiamiento o inversión analizada”.
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