Fitch: Alivios a municipios y departamentos en Colombia son neutrales para calificaciones

Foto: Archivo Valora Analitik

 

Con el objetivo de aliviar la presión sobre las finanzas subnacionales (municipios departamentos) por la contingencia provocada por la propagación del coronavirus, el Gobierno de Colombia estableció una serie de medidas fiscales a través de los recientes decretos 678 y 683 de 2020.

La agencia calificadora Fitch Ratings opina que dichas acciones son favorables, dada la incertidumbre frente a la duración de la crisis sanitaria y respecto a la velocidad de la reactivación económica nacional.

Además, considera que ayudan a mitigar las dificultades de liquidez de las entidades subnacionales y de sus descentralizadas en 2020 y 2021.

También cree que tendrían efectos neutrales en las evaluaciones de los perfiles crediticios de las entidades subnacionales colombianas.

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La contracción económica sin precedentes ha aumentado los desafíos en las finanzas de los gobiernos subnacionales, dado un contexto de mayor demanda social que implica inversión inaplazable, como son los subsidios de servicios públicos, atención a población vulnerable, adecuación de la red hospitalaria, financiación del déficit en los sistemas de transporte, entre otras, dijo la agencia en un nuevo reporte.

La reorientación de rentas de destinación específica que son diferentes a las constitucionales, como mecanismo de financiación de gastos operativos extraordinarios originados por la contingencia, sumada a la posibilidad que tendrían los departamentos y el Distrito de Bogotá de direccionar la sobretasa al Acpm como ingreso de libre destinación, son fórmulas que favorecen a mitigar la presión sobre el balance operativo de las entidades.

Asimismo, la facultad para usar recursos líquidos que los gobiernos subnacionales conservan en sus cuentas individuales del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), atenuarían las caídas esperadas en el balance fiscal de las entidades subnacionales.

Si bien el Decreto establece que los créditos de tesorería y los intereses que estos generen no computarán en los indicadores legales de endeudamiento ni requieren de una calificación de riesgo, Fitch considera a estos como parte la deuda neta y, por ende, se incluyen en las métricas de razón de repago y de cobertura de servicio de la deuda.

Aunque Fitch no vigila el cumplimiento de los límites dispuestos en el marco regulatorio, sí opina acerca de la capacidad de pago de la deuda.

Las calificaciones otorgadas por Fitch son, en naturaleza, prospectivas y vigilan la evolución de cada sector, en especial su severidad y duración.

Estas calificaciones, dijo, se fundamentan en escenarios cuantitativos revisados tanto con una línea base (la cual se refiere a nuestro escenario de calificación) como en un escenario más severo y están soportados en expectativas de desempeño y en la evaluación de riesgos clave.

Por otro lado, consideró que la flexibilización de las reglas de disciplina fiscal establecidas en las Leyes 358 de 1997 y 617 de 2000 otorgará beneficios inmediatos respecto a la capacidad de respuesta de los entes subnacionales ante la crisis.

Sin embargo, la agencia considera que podrían brindar una oportunidad para financiar medidas fiscales anticíclicas que contribuyan a la reactivación económica local y regional, conforme con las líneas estratégicas de inversión de los planes de desarrollo territorial.

En línea con las acciones fiscales de mediano plazo, la agencia anunció que estará atenta a las decisiones que se tomen respecto a la reforma a la fórmula de crecimiento de las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo. Estas decisiones ahora están ligadas al comportamiento de los ingresos corrientes de la Nación (ICN).

Lo anterior, al considerar que la calificación de riesgo soberano del país tiene una perspectiva negativa que depende de la habilidad del Gobierno en fortalecer sus ingresos recaudatorios y recurrir menos a los recursos de capital como los dividendos de sus empresas.

Para los gobiernos locales y regionales, ante la prolongación de las medidas para la contención del coronavirus y una recuperación económica más lenta que perdure hasta 2025, los ingresos de los territorios podrían reducirse significativamente y, por tanto, presionar aún más los recaudos impositivos.

“Si las entidades presentan dificultades en reducir proactivamente su gasto o que sean compensados con mayores transferencias de órganos superiores de gobierno”, indicó la agencia en su reporte.

Además, la agencia considera que las entidades subnacionales que ejecutan acuerdos de reestructuración de pasivos enfrentan riesgos en el cumplimiento de los escenarios financieros suscritos con sus acreedores.

En ese sentido, Fitch dijo que la fortaleza de los fondos de reserva será clave en un contexto de contracción de ingresos propios y de dificultades operativas para realizar modificaciones a los acuerdos.

 

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