Nuevo miembro de Junta de EPM tendría conflicto de intereses

Si bien el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero, decretó de manera oficial la conformación del nuevo consejo directivo de la compañía, además de las dudas que han generado algunos nombramientos por su inexperiencia en temas administrativos y gerenciales, han empezado a conocerse también posibles conflictos de intereses de los nuevos miembros como ocurriría con la abogada Bernardita Pérez.

Esto pues a pesar de contar con una amplia experiencia en el sector público y en diferentes entidades jurídicas del país ha sido abogada del empresario William Vélez Sierra, quien es propietario del Grupo Ethuss, el cual reúne compañías de sectores como telecomunicaciones, infraestructura, energía eléctrica, servicios públicos, petróleo y gas y minería y metales, varias de ellas relacionadas con las actividades de EPM. 

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El Grupo Ethuss tiene inversiones en países como México, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Honduras, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, además de amplia presencia en Colombia en regiones como Antioquia, Norte de Santander, Magdalena, Meta, Cauca y Valle del Cauca.

En el país, es responsable de la construcción de cerca del 70% de las líneas de transmisiones de alta tensión y tiene actividades en otros proyectos como hidroeléctricas, termoeléctricas, puentes, vías, plantas industriales y refinerías, entre otros.

Pérez, además, ha sido representante en temas jurídicos de otras empresas como Unión Temporal Aoco, consorcio que compitió por ser el constructor de Hidroituango y que fue conformado por Acciona, Obras Subterráneas, OAS de Brasil y Construcciones El Cóndor, lo que, para Raúl Mendoza, abogado experto en temas corporativos de la Universidad de los Andes, “deja ver algunos conflictos de intereses por su relación pasada con sectores relacionados con EPM, como ocurrió con algunos de los miembros de Junta que declinaron sus nombramientos. Esto es un problema desde el punto de vista de gobierno corporativo”.

Por su parte, sobre el impacto en el mercado en los bonos de EPM tras la conformación de la nueva Junta, Iván Felipe Agudelo, analista de renta variable e inversiones en Alianza Fiduciaria – Alianza Valores, explicó que “se recibió de forma muy tranquila. De hecho, la volatilidad estuvo en los días en que el alcalde se pronunció, tomó las riendas sobre el asunto y la Junta renunció. Sobre los nuevos miembros, sin conocerlos a fondo, simplemente leyendo el extracto de cada uno de ellos, parece un mix interesante y tal vez adecuado para una empresa como EPM. Tiene tres abogados, tres ingenieros y dos personas que consideramos como de relacionamiento con la comunidad, esto simplemente para flexibilizar o poner un poco más armónica la conversación entre la empresa, los directivos, el management y los usuarios. Al final del día, recordemos que EPM es una empresa de servicios públicos, que es controlada prácticamente por el Gobierno e influye en la vida de muchos participantes, no solo en Medellín sino en toda Colombia”.  

Además de esta situación con la abogada Pérez ha causado escepticismo el nombramiento de Olmer Palacio, licenciado en Educación Preescolar y Gildardo Correa, quien ha sido presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Popular N° 1, pues se considera que son personas con poca experiencia o trayectoria en el sector para pertenecer a la Junta de EPM.

Sin embargo, ellos junto a Guillermo León Diosa, como vocales de control, en principio estarán de forma temporal mientras se abre una invitación para que se actualice la lista de representantes de usuarios de servicios públicos, según comunicó el alcalde Quintero.

La nueva Junta de EPM se reunió esta mañana en una sesión extraordinaria, en la cual, según la Alcaldía de Medellín, se estaría definiendo el rumbo de la compañía con el propósito de fortalecer su servicio en los próximos dos años.

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