La Contraloría General de la República dio a conocer esta mañana que imputó a 28 personas (jurídicas y naturales) por “malas decisiones administrativas” en la construcción y puesta en marcha del proyecto de generación eléctrica Hidroituango.
Fueron tres las consecuencias que identificó el órgano de control en medio de la investigación a causa de lo que considera una “larga cadena de errores”.
La primera consecuencia tiene que ver con que hubo una afectación importante a los municipios que esperaban la entrada en funcionamiento del proyecto en 2018, situación que produjo un lucro cesante de $1,1 billones.
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El segundo efecto que encontró la Contraloría tuvo que ver con el aumento “desmesurado” de los costos del proyecto. Recuerda el ente de control que inicialmente estaba pactado que Hidroituango costara $6 billones, suma que se elevó hasta los $13 billones.
Finalmente, la tercera consecuencia “es la grave contingencia que en abril de 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto y por la que se tuvieron que invertir recursos en más obras”.
El estudio de la Contraloría tomó en cuenta registros históricos de planeación del proyecto que datan desde 1962, su posterior planificación en la década de 1970 y el desarrollo del mismo, que tuvo sus primeras ejecuciones en los últimos meses de la década del 90.
Con ese contexto, el organismo estima que hubo un detrimento patrimonial de $2,9 billones, con lo que las imputaciones suman un total de $4,1 billones.
“El proceso fiscal fue abierto el nueve de noviembre de 2019, o sea que se tomó un año en llegar a la decisión de imputación, como resultado de una exhaustiva y rigurosa investigación por parte de un equipo multidisciplinario de abogados, ingenieros y contadores”, recordó la Contraloría.
Adicionalmente se conoció que a la investigación, desde un principio, se vinculó 34 presuntos responsables de las fallas en operación de la hidroeléctrica.
Sin embargo, a seis de estos se le archivaron las diligencias (contando la del exgerente de la compañía, Jorge Londoño de la Cuesta) “al no haber incidido de manera determinante en la causación del daño”.
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