Denuncian garantía bancaria falsa en convocatoria de baterías de energía en Colombia

La compañía Saeb Atlantic solicitó a la Upme retirarse del proceso por sospechas de garantía bancaria falsa otorgada por el Banco Itaú.

UPME publicó borrador del nuevo Plan de Expansión de Generación 2023 - 2037
UPME publicó borrador del nuevo Plan de Expansión de Generación 2023 - 2037. Imagen: Bruno Germany en Pixabay
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La compañía Saeb Atlantic, que participa en la convocatoria pública de almacenamiento de energía con baterías en el Atlántico colombiano, solicitó a la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) retirarse del proceso porque tienen sospechas de que la garantía bancaria que el Banco Itaú les otorgó es falsa.

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“Nosotros como apoderados especiales de Saeb Atlantic, el día de ayer en horas de la noche, estuvimos redactando y enviamos un oficio donde solicitamos a la entidad     que, por favor, no tenga en cuenta nuestra propuesta, por cuanto tenemos serios indicios que la garantía bancaria -que ha sido otorgada por el Banco Itaú-, en apariencia de buen derecho, y es una sospecha reitero, que ese documento tiene visos de falsedad”, precisó Pedro Albertho Pérez Durán, apoderado de la firma, en la audiencia pública de la convocatoria de baterías la Upme STR-2021.

Y agregó que “nosotros en aras de responsabilidad, de buena fe, de lealtad, de que estamos prácticamente, casi, seguros, -pero en últimas en la autoridad competente correspondiente quien va a decir eso-. Una vez el banco responda que, efectivamente, este documento es o no apócrifo, nos corresponderá presentar la denuncia penal correspondiente”.

Así las cosas, la compañía está solicitando desde ayer, jueves primero de julio de 2021, “de forma justificada” que la Upme no tenga en cuenta su propuesta. Según el apoderado de la firma, esta garantía otorgada tiene signos similares a “lo que sucedió en el proceso que se surtió en el Ministerio de las TIC, donde quedó establecido que la garantía que se utilizó allá era falsa”.

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Entre tanto, la compañía manifestó que “una vez se dieron cuenta, de ese caso, verificaron que la garantía es igual a lo que se vio en el Ministerio: formato, firma, entre otros”.

Por su parte, la Upme aseguró que la solicitud de Saeb Atlantic fue recibida, y aclaró que en los documentos de selección no está prevista la figura de desistimiento.

Sin embargo, “entendiendo que es una solicitud expresa por parte de ustedes, en este momento lo que procedería, o en el momento que corresponda, es que la empresa no proceda a realizar la apertura del sobre número dos y con eso se entendería el desistimiento”.

Al respecto, el Banco Itáu le contó a Valora Analitik que, en efecto, la garantía es falsa y confirmó que nunca la emitieron. Además, señaló que han identificado a “algunas empresas o personas que están usando papelería falsa y la presentan a nombre del Banco”. 

Caso MinTIC

El Ministerio de las TIC presentó hace una semana una denuncia por presunta falsedad tras conocer información que pone en duda la autenticidad de uno de los documentos financieros entregados por el contratista: la firma Unión Temporal Centros Poblados que fue seleccionada en un proceso de licitación para adecuar varios centros digitales que presten el servicio de internet.

El proyecto se está contemplado para Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, por un valor de $1,07 billones.

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Sin embargo, las sospechas nacieron cuando el supervisor del contrato solicitó desarrollar un proceso por “presunto incumplimiento a la Unión Temporal Centros Poblados dados los atrasos en sus obligaciones”. El seguimiento al contrato permitió detectar que había irregularidades de fondo, según El Espectador.

MinTIC por su parte señaló que la Unión informó que su garantía única de cumplimiento había sido expedida por Banco Itaú, pero la apoderada de la entidad financiera negó esta versión durante la audiencia que hace parte del proceso.

Así las cosas, el Ministerio presentó las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación y expresó que ejecutará las acciones administrativas y judiciales que permitan sancionar a los responsables.

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