Luego de que el Comité Triple A le recomendara al Gobierno Nacional reducir el arancel de importación al acero a Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) rechazó la iniciativa.
Para la Andi la propuesta es sorprendente y preocupante, toda vez que reducir los aranceles de las varillas de acero del 10 % al 5 % es perjudicial para la industria local.
Esto, afirma la Andi, teniendo en cuenta que en Colombia existen cinco organizaciones con capacidad de producir estos productos.
Esto último sumado al hecho de que se pueden importar estos materiales con 0 % de arancel de al menos cuarenta países con los que Colombia tienen Tratado de Libre Comercio.
“Para todos los efectos se trata de una medida aplicable solo a producto proveniente de China, Turquía, Ucrania y Rusia, países todos cuestionados globalmente por sus prácticas comerciales depredadoras en esta industria”, agrega la Andi.
La propuesta, sigue la agremiación, es contraproducente en plena fase de reactivación pues pone en vilo la inversión local y la generación de puestos de trabajo.
Sumado a que, de acuerdo con cálculos de la Andi, aprobar la propuesta supone un golpe a la inversión extranjera en el país, que en el caso del acero colombiano asciende a los US$620 millones en los últimos cinco años.
De este total se incluyen $270.000 millones en la nueva planta en Palmar de Varela (Atlántico) de Ternium. Dice la Andi que propuestas en este sentido ponen en riesgo más de 45.000 empleos directos e indirectos que dependen de esta industria.
“La construcción cuenta con importantes subsidios otorgados por el Estado, lo que ha hecho de el mismo un gran motor de crecimiento que hemos apoyado desde la industria. Una de las grandes virtudes del dinamismo en construcción es que genera demanda y encadenamientos de otros sectores, permitiendo que el esfuerzo fiscal beneficie a grupos más amplios de la economía”, dijo la Andi.
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Finalmente, advierte la Andi que el beneficio efectivo que esta medida puede tener para un constructor de vivienda “se estima en tan solo el 1,2 % en su costo directo, sin embargo, pone en peligro la viabilidad de todo un sector”.
En todo caso, la medida tampoco supondría, según el análisis, un impacto positivo en la estructura de precios para la construcción de viviendas de interés social en Colombia.
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