Este lunes el Gobierno de Colombia, en cabeza del Ministerio de Agricultura, dio a conocer el texto en el que se plasman los puntos principales del acuerdo al que llegó con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) luego de que la semana pasada se ofrecieran para la venta tierras de este sector para avanzar en la reforma agraria del país.
El primer punto del pacto da cuenta del objetivo de la negociación en la que se posibilita la compra y venta de tres millones de hectáreas de tierra por parte del Ejecutivo a las personas del sector que voluntariamente deseen venderlas.
La compra de tierras obedece a la necesidad de ejecutar el primer punto del acuerdo de paz, sobre Reforma Rural Integral (RRI) firmado con las Farc en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el que se especifica la necesidad de una reforma agraria estructural.
Puntualmente, se dice que “con el propósito de avanzar en la democratización y acceso a la tierra en beneficio de los campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente (…) el gobierno creará un Fondo de Tierras de distribución gratuita, que dispondrá de tres millones de hectáreas en los primeros 12 años de creación”.
Gustavo Petro y José Félix Lafaurie en la firma del acuerdo para la compra de tierras.
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El segundo tiene que ver con la naturaleza jurídica y condiciones de la tenencia. Allí, se hace especial énfasis en que las hectáreas adquiridas deben ser acreditadas como propiedad privada conforme al artículo 48 de la Ley 160 de 1994.
Asimismo, no pueden estar siendo cuestionadas por la institucionalidad de restitución, no deben tener ningún proceso agrario en curso, ni medidas de protección de la Ley 387 de 1997, y que deben cumplir con las disposiciones ambientales y agrarias.
Ubicación y precio
Frente a la ubicación, la cartera de Agricultura, junto con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) evaluarán la capacidad de la tierra ofertada.
Aún no se especifica dónde podrían ubicarse las hectáreas adquiridas, pero se dice que se precisará la ubicación de los predios a escala municipal y veredal preferiblemente, “con la información que se deberá solicitar a la Agencia Nacional de Tierras, (ANT), al Ministerio del Interior y a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)”.
De otro lado, hay que mencionar que el Ejecutivo venía diciendo que las tierras se pagarían con deuda pública, y ya en el texto publicado este lunes se adiciona que ese mecanismo sería específicamente el de bonos de deuda pública; aunque se acompañaría con otras formas de pago que se establezcan a futuro, pero no se da claridad de los mismos.
Las personas que deseen venderle al gobierno “se comprometen a comercializar los predios por su valor comercial y catastral determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) tal como lo dispone la Ley 160 de 1994”, añade el texto.
“El IGAC determinará precios mínimos y máximos de cada una de las ofertas, y a esto se sumará el resultado del catastro multipropósito. Por su parte, el gobierno asumirá los costos a los que haya lugar para materializar el respectivo negocio jurídico”, se lee en el documento.
Como ha venido insistiendo el presidente, Gustavo Petro, aunque el valor de las tierras dependerá de la región donde se ubiquen, las condiciones de fertilidad y otros factores, se estima que cada hectárea pueda costar entre $10 millones y $20 millones, por lo que las 30 millones de hectáreas se ubicarían entre $30 billones y $60 billones.
Destinación, compromisos y verificación
El quinto punto del documento emitido por el MinAgricultura señala que la compra directa tiene como propósito alimentar el Fondo Nacional de Tierras creado en la Reforma Rural Integral.
Si bien no se especifica mayor detalle, esta entidad, con sus instrumentos y herramientas de política pública, será la que determine la destinación especifica de cada una de las tierras.
Frente a los compromisos, el Gobierno Nacional tiene a su cargo algunos como la identificación de las tierras, el avance en el plan de choque con programas productivos, la construcción de vías terciarias, la implementación de programas de crédito, entre otros.
Fedegán, por su parte, pondrá a disposición proyectos orientados a prestar los servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria; proponer enfoques de ganadería sostenible; apoyar a la identificación de mayores núcleos de tierra disponibles.
Finalmente, hay que decir que se creará una mesa de trabajo que por parte del Estado será liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, participará la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural. Allí Fedegán también tendrá su representación.
“El cumplimiento y verificación de este Acuerdo contará con el acompañamiento del Banco Mundial y de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia”, concluye el documento.
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