Anulan sanción de Procuraduría contra Rodolfo Hernández

El Consejo de Estado ha anulado una sanción disciplinaria impuesta contra Rodolfo Hernández durante su mandato como alcalde de Bucaramanga.

Rodolfo Hernández, excandidato presidencial de Colombia
Rodolfo Hernández. es inhabilitado y sancionado. Imagen: Facebook Rodolfo Hernández.
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El Consejo de Estado ha anulado una sanción disciplinaria impuesta contra Rodolfo Hernández durante su mandato como alcalde de Bucaramanga. Esta decisión se tomó tras la solicitud presentada por el exmagistrado Julio César Ortiz, quien actuaba como representante legal de Hernández.

De acuerdo con El Tiempo, el alcalde de Bucaramanga y candidato presidencial en 2022 quedó libre de sanción y tendrán de devolverle una cifra de dinero que pagó.

El caso de Rodolfo Hernández

La Procuraduría primera delegada para la vigilancia administrativa en 2019 suspendió a Hernández de su cargo y lo inhabilitó por 8 meses. Esta acción disciplinaria se relacionó con un incidente en el que Hernández abofeteó a un concejal.

Ortiz también solicitó la anulación de una sentencia de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, emitida el 18 de agosto de 2020, que confirmó la decisión inicial. La sanción impuesta implicó el cobro de salarios devengados por un total de $124 millones.

Inicialmente, el Tribunal Administrativo de Santander rechazó las pretensiones en 2022, y señaló que el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del entonces alcalde Gustavo Petro no era aplicable al caso de Hernández.

Sin embargo, Ortiz presentó un recurso de apelación argumentando que la sanción disciplinaria violaba la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ya que se impuso sin un proceso judicial previo y sin probar la culpabilidad de Hernández.

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La decisión que favorece a Hernández

La decisión del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque, revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander y declaró la nulidad del fallo de la procuraduría.

Además, ordenó eliminar la sanción de los registros de la Procuraduría como restablecimiento del derecho. También se determinó que Hernández no está obligado a pagar los $95 millones de la sanción, y en caso de haberlo hecho, se le reembolsará el monto correspondiente.

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