En relación con el Decreto No. 1085 de 2023 del Gobierno de Colombia con el que se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el Departamento de La Guajira y el Decreto Legislativo No. 1277 de 2023, el sector minero resaltó los aspectos que le preocupan de estas medidas.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) expuso cuatro aspectos importantes que prendieron las alarmas en el sector minero del país:
Primero, la Asociación expresó su inquietud por el “uso indiscriminado de la figura de Estado de Emergencia en el Decreto Legislativo No 1085 de 2023”, ya que, de acuerdo con el gremio, se observa que los criterios constitucionales de excepcionalidad y proporcionalidad no fueron debidamente acreditados en la normativa mencionada.
En segundo lugar, la ACM resaltó que los decretos emitidos en el marco de la emergencia económica y en especial, el Decreto 1277 de 2023, “son muy amplios en cuanto a su aplicabilidad y conllevan la modificación y desconocimiento de instrumentos ambientales ya otorgados”.
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Esto, según el gremio minero, puede generar arbitrariedades y afectar la seguridad jurídica de las actividades productivas y empresariales, además de proyectos mineros ya existentes o futuros.
Adicionalmente, la agremiación destacó que en los decretos “se incluyen medidas que buscan modificar el ordenamiento territorial privilegiando unas actividades productivas sobre otras, sin ningún criterio técnico”.
En tercer lugar, la ACM indicó que, en un marco de emergencia económica, las acciones realizadas para afrontar dicha condición deben estar encaminadas a brindar una solución y no “a regular o prohibir las actividades productivas que aportan al bienestar y desarrollo del departamento”.
El gremio considera que esta acción produce inestabilidad, afecta la generación de recursos, empleo y agrava la situación por la que atraviesa el departamento de La Guajira en la actualidad.
Y, finalmente, en cuarto lugar, la ACM aseguró reconocer que las razones detrás de la declaración de emergencia son trascendentales.
No obstante, señaló que no son a causa de las actividades productivas, por consiguiente, “subrayamos que los decretos con fuerza de ley emitidos en este contexto deben estar justificados y relacionados con la crisis en cuestión y no usarlos para transgredir los proyectos y operaciones existentes en el departamento”.
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Entre tanto, la Asociación Colombiana de Minería ratificó al Gobierno Nacional su compromiso con “una minería responsable ambiental y socialmente”.
Asimismo, la entidad representante del sector minero de Colombia se puso a disposición para trabajar conjuntamente con el sector público de manera que se lleguen a acuerdos que permitan implementar soluciones para garantizar el desarrollo sostenible de los guajiros.
