La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, compartió con Valora Analitik sus preocupaciones sobre los comicios que se avecinan en Colombia, especialmente en relación con la consulta popular que impulsa el Gobierno y el proyecto de transfuguismo que actualmente se debate en el Congreso.
¿Cuál es la visión de la organización frente a la consulta popular que viene impulsando el Gobierno?
En Colombia, el Ministerio del Interior ha asumido un papel protagónico en los procesos electorales, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países democráticos del mundo.
En estos, el ministro del Interior —que suele ser el encargado de la política— no tiene injerencia directa en los procesos electorales, ya que existen autoridades autónomas e independientes encargadas de garantizar la transparencia y el desarrollo de las elecciones. En Colombia, en cambio, la gobernabilidad de los procesos electorales recae sobre el Ministerio del Interior.
Por eso señalé que no es lo mismo un escenario con consulta popular que uno sin ella. Y tampoco es lo mismo realizar una consulta popular en un año preelectoral, como el actual, que haberla hecho el año pasado o incluso durante el primer semestre de este año.
El ministro del Interior tiene la responsabilidad de convocar y liderar las comisiones nacionales de seguimiento electoral. En estas comisiones participan todas las autoridades electorales, los partidos políticos, y allí se definen las reglas y la organización del proceso electoral.
El Ministerio, en ese sentido, debe garantizar condiciones equitativas para todos los partidos: de gobierno, de oposición e independientes. Lo mismo ocurre cuando hablamos de mecanismos de participación ciudadana.
El problema surge cuando se traslapan dos agendas: la electoral y la de la consulta popular. En ese caso, la pregunta clave es: ¿cómo va a manejar el ministro del Interior —en ese momento— los posibles conflictos que le generaría estar vinculado directamente a una consulta popular legítima, aprobada por el Senado, y al mismo tiempo tener que garantizar condiciones de equidad para todos los actores políticos? Es un dilema que debe resolverse con urgencia.
¿Dónde quedan la violencia y la financiación?
Si no hay garantías para el proselitismo electoral, y considerando la dispersión y fragmentación actual de los grupos armados ilegales, nos enfrentamos a un proceso electoral extremadamente complejo. Colombia sabe hacer elecciones, pero eso no garantiza que sean completamente libres.
En tercer lugar, está el tema de la financiación. En este punto, el Consejo Nacional Electoral tiene una gran responsabilidad. Se hace un llamado urgente a la actualización del sistema «Cuentas Claras».
Esto no puede esperar, especialmente si la consulta popular se aprueba en un mes. Los diferentes actores tendrán que inscribirse y hacer campaña por el “sí”, por el “no” o por la abstención, y es fundamental que el sistema permita hacer un seguimiento transparente de los recursos.
¿Cómo ven el proyecto de transfuguismo para modificar las reglas electorales de cara a las votaciones de 2026?
Sobre el proyecto en debate relacionado con el transfuguismo, desde nuestra organización estamos profundamente preocupados. Si bien algunos partidos, como el Partido de la U y el Partido Conservador, ya han sido claros en que no apoyarán la propuesta, aún existe el riesgo de que se apruebe.
Este proyecto permitiría que los congresistas se cambien de partido cada cuatro años, llevándose su curul, lo cual podría destrozar el sistema de partidos en Colombia.
El único momento para frenar esa iniciativa es ahora, en el Senado. Si no se detiene allí, nos veremos abocados a un escenario en el que, para las próximas elecciones, los partidos políticos tendrán que negociar individualmente con cada congresista, y luego en las elecciones locales, con concejales y diputados, lo que fragmentaría aún más el panorama político.
