El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) señaló que el recorte requerido para que el Gobierno cumpla con la Regla Fiscal este año podría llegar a $75 billones, si se consideran riesgos que no estaban incorporados en su escenario base, según el Informe al Congreso de la República de Colombia con corte al mes de abril.
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De esta cifra, el factor más relevante corresponde a la reserva presupuestal constituida en 2024, que ascendió a $52,3 billones (3,1 % del PIB), con efectos fiscales significativos, según la entidad, pues puede elevar el gasto público en $26,4 billones este año.
“Si a eso se le suma el impacto que podría generar el aumento del salario mínimo decretado en diciembre de 2024 sobre el crecimiento del salario de los funcionarios públicos en 2025, el riesgo fiscal ascendería a $28,5 billones (1,6pp del PIB)”, señaló el grupo de expertos.
El documento, que presenta un análisis de la situación fiscal del gobierno central y general, recuerda que hubo un deterioro sustancial de las finanzas públicas en 2024, cuando el déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) alcanzó el 6,7 % del PIB y la deuda neta se incrementó al 59,3 % del PIB, “en un contexto de recuperación económica nacional, disminución de la mayoría de los desbalances macroeconómicos, elevada incertidumbre internacional y deterioro fiscal interno”.
De hecho, insiste en que el principal desequilibrio macroeconómico en Colombia es la posición fiscal. “El alto nivel de gasto, la elevada inflexibilidad del presupuesto, la creciente carga del servicio de la deuda, son factores centrales que imponen retos de corto y de mediano plazo”, advierte el informe.
El documento también aborda los retos de sostenibilidad de las finanzas públicas que enfrentará el país en la próxima década y llama a implementar medidas que reduzcan la rigidez presupuestal, fortalezcan los ingresos estructurales y aseguren que nuevas reformas sean fiscalmente sostenibles de manera urgente.
En detalle prevé que el gasto del GNC enfrente presiones sustanciales y que el modesto crecimiento del PIB tendencial esperado impondrá retos para la estabilización de las finanzas públicas. Particularmente, la entidad estima presiones relacionadas con la dinámica del gasto en el Sistema General de Participaciones (SGP), salud, pensiones e intereses, los cuales pueden representar 2,3 pp del PIB por año durante la próxima década.
El análisis incluso señala que la elevada diferencia entre las tasas de interés y el crecimiento económico dificultará la convergencia de la deuda a su objetivo de mediano plazo.
Además, identifica fuentes de inflexibilidad presupuestal crecientes a futuro, “lo cual es en sí mismo un problema, en la medida que reduce el margen de maniobra del gobierno y desplaza el espacio para gasto social y productivo”, anotó el comité.
Proyecciones del CARF para 2025
El CARF anticipó que este año habrá una continuidad en la senda de reactivación de la actividad productiva y que la inflación mantendrá su senda de convergencia gradual hacia la meta. Además, espera que el déficit de cuenta corriente se mantenga en niveles sostenibles.
En el ámbito global, el comité prevé una desaceleración del crecimiento de la economía mundial, una tendencia a la baja, aunque menos pronunciada, en la inflación y presiones fiscales persistentes en muchos países, después de un 2024 estable que llevó a una mejora en las condiciones financieras globales.
También reconoció que los recientes cambios de dirección en la política económica de Estados Unidos, especialmente en el ámbito comercial, han impulsado la incertidumbre internacional y han elevado los riesgos macroeconómicos, especialmente en países emergentes.
“Los desarrollos recientes en el contexto internacional implican una mayor incertidumbre sobre el panorama macroeconómico y fiscal, pero aún es temprano para sacar conclusiones. El CARF estará especialmente atento a monitorear la dinámica de los precios del petróleo, los costos de financiamiento, la tasa de cambio y la actividad productiva”, detalla el documento.
Finalmente, el organismo le recordó al Congreso los elementos centrales de los pronunciamientos y análisis adelantados desde octubre del año pasado, en los cuales se abordaron temas centrales de la coyuntura fiscal reciente, como el balance de riesgos fiscales para 2024 y 2025, los impactos de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), el comportamiento de los ingresos tributarios y las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública.
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