Imputan a asesora de exministro Bonilla por presunta intervención en direccionar contratos de la UNGRD

Estas gestiones tendrían como finalidad asegurar el respaldo legislativo para la aprobación de créditos solicitados.

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La Fiscalía General de la Nación informó la imputación formal contra María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda y enlace de dicha cartera ante el Congreso de la República. La exfuncionaria es señalada de haber participado, presuntamente, en una trama de direccionamiento contractual que pondría en entredicho la legalidad de varias operaciones de crédito público.

De acuerdo con el ente investigador, las pruebas recaudadas indican que, entre octubre de 2023 y marzo de 2024, Benavides habría facilitado la admisión de propuestas contractuales presentadas por congresistas miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Estas gestiones tendrían como finalidad asegurar el respaldo legislativo para la aprobación de créditos solicitados por el Ministerio de Hacienda durante 2023.

Entre los elementos probatorios también se encuentra la supuesta intermediación de Benavides en la priorización de proyectos de infraestructura con asignación específica en distintas regiones del país.

Destacan, entre otros, contratos en Cotorra (Córdoba) por más de $44.000 millones; en Saravena (Arauca), por encima de los $32.000 millones; y en El Salado, Bolívar, con recursos que superan los $12.000 millones.

Asimismo, se señala que la exasesora habría intervenido directamente en reuniones con altos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), incluyendo a su entonces director, Olmedo López.

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El propósito habría sido promover la ejecución de los mencionados contratos en beneficio de los parlamentarios involucrados, hecho que amplía el alcance de las investigaciones dentro de un escándalo de presunta corrupción en el manejo de recursos públicos.

Adicionalmente, Benavides habría suministrado a Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, los nombres de funcionarios locales y contratistas sugeridos por los legisladores, con el fin de facilitar su inclusión en los procesos de contratación. Benavides era el enlace entre el Congreso y el exministro Ricardo Bonilla quien fue relevado del cargo por parte del presidente Gustavo Petro argumentando que como ciudadano podría ejercer su defensa en este caso de presunta corrupción.